El caso aparcamientos sigue rodando

El calendario exhibe el primer mes del año de 2007. En el mes de mayo tocan elecciones municipales y autonómicas. Uno de los principales problemas de la localidad es la falta de aparcamientos para residentes. Los coches se amontonan en las calles de los barrios más populosos, como la Alhóndiga o Juan de la Cierva. La publicidad institucional arrecia tras las fiestas de Navidad. No hay tiempo que perder. El Ayuntamiento de Getafe anuncia a toda página en los periódicos locales su Plan Municipal de Aparcamientos 2004 2008. Y para confeccionar el diseño de la publicidad ha utilizado una frase imposible. Y además falsa. Y no es un problema de redacción publicitaria. No. Cerca de 4.000 plazas entregadas en Septiembre de 2007. Pero, bueno, si..., todavía estamos en enero. El tiempo verbal utilizado futuro pluscuamperfecto, podría considerarse una licencia prematura, un gatillazo publicitario, si no fuera por que la propaganda se exhibía bajo el epígrafe de «información al ciudadano». No era un deseo; ni siquiera una apuesta o una profecía; era, simplemente, una gran mentira. Si contamos las plazas de garaje entregadas desde que se ideó el desafortunado plan, las 101 de la plaza del Lavadero y las 104 de la Plaza del Matadero, sumamos 205. Extraordinario. Más espacio, más ciudad. El ayuntamiento había construido cincuenta y un garajes al año. ¡Espectacular gestión!

El Plan Municipal tenía previsto, según la publicidad, entregar entre junio, julio, agosto, septiembre y octubre un total de 2.182. ¿Dónde están el resto hasta las 4.000 de las que presumen en los periódicos? A las pocas entregadas y a las inútiles, electoralmente hablando, que podrían entregar pasado el verano, hay que sumar las 800 del depósito municipal de vehículos abandonados del Polígono Industrial Los Olivos [que se entregaron a la Policía Municipal] y las 273 de la calle General Pingarrón de próxima adquisición por el Ayuntamiento. ¡Qué osadía!

El aparcamiento de la calle General Pingarrón había sido una iniciativa privada con la mayoría de las plazas alquiladas, y que obtuvo –por tanto– el éxito que se prometían y presuponían en su día [principio de los años 90] los promotores y los exconcejales de hacienda y de urbanismo. Ahora, muchos años después, el ayuntamiento había decidido gastarse el dinero de todos los vecinos para comprar ese inmueble y, suponemos, regalar liquidez a una empresa determinada y «hacer caja». Y, si cae algo por los servicios prestados, ya se sabe… ¿Qué interés tienen los responsable políticos del gobierno municipal en ese negocio para gastar una buena cantidad de dinero público en adquirir un garaje privado que ya cumple de manera formidable con su función?

En la publicidad municipal, de la que teníamos guardada una imagen suponiendo que el tema traería cola, figuraban como estrellas del Plan de Aparcamientos cinco cooperativas que gestionaba y comercializaba la empresa Roblepark, SL. La campaña publicitaria, insertada en el boletín municipal y en otros periódicos locales, le regalaba propaganda «institucional y gratuita» a la empresa privada que se encargaba de la gestión de las cooperativas de los aparcamientos de la calle Jilguero y Plus Ultra, remitiendo expresamente al teléfono de esta mercantil para la información. Pero ¿cómo empezó todo este embrollo?

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NOVIEMBRE DE 2006. Vayamos hacia atrás en nuestro relato: una pequeña analepsis o flashback como dicen los ingleses. Vecinos de Getafe, que se habían apuntado en GISA como interesados en plazas de garaje en los distintos barrios, denunciaban a través del Buzón de Getafe que una empresa privada [Roblepark, SL] les llamaba para ofrecerles plazas de garaje en futuros aparcamientos. Se acusaba al hijo del alcalde, David Castro, como responsable último de la empresa municipal Getafe Iniciativas, de haber «cedido» de manera ilegal los listados de demandantes a las cooperativas que venían «cocinando y tejiendo» la trama de los aparcamientos desde el año 2005. Las cinco cooperativas adjudicatarias se habían constituido el mismo día, todas tenían el domicilio social en la calle Madrid 30, de Getafe. Estaban gestionadas, igualmente las cinco, por la mercantil Roblepark, SL.

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  ¡Avante de nuevo! OCTUBRE DE 2008. Apenas dos años después de aquella frase imposible, y pasadas las elecciones municipales, los periódicos locales fijaban sus objetivos en la empresa Roblepark, SL, tras «amenazar con paralizar las obras de los aparcamientos de las calles Alicante y Pus Ultra por falta de liquidez». La empresa intentaba obligar a los presuntos cooperativistas a comprar una segunda plaza de garaje para asegurar la viabilidad del proyecto. El coste de la construcción de este tipo de inmuebles en ese momento se podría calcular entre diez y doce mil euros por plaza, a los que habría que añadir un diez por ciento de gestión y otro diez por ciento entre proyectos, licencias y gastos financieros. Sin embargo, el precio de cada plaza, sobre suelo público gratuito era de 18.000 euros; los adjudicatarios desembolsaban 10.000 euros de entrada (más del cincuenta por ciento) y firmaban letras hasta el total. Era mucha la diferencia hasta el precio de coste que se suponía al ejecutarse en cooperativa. De las 410 plazas proyectadas en esos dos aparcamientos sólo había 269 vendidas y no había mucha más demanda. La solución era fácil, había que multiplicar por dos. Cada cooperativista tenía que comprar dos, aunque sólo tuviera un coche… El Ayuntamiento estaba informado, aunque –según denunciaban los afectados– «tenemos la sensación que se lava las manos en este asunto». Estaba casi todo dicho, aunque había nacido un problema político, económico y jurídico que sobreviviría a esa legislatura y llegaría hasta nuestros días, sin que haya tenido todavía una resolución final.

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ABRIL DE 2009. Tras las primeras noticias del «affaire aparcamientos», de finales de 2008, se pasó a una oleada de informaciones en la primavera siguiente que convertían a los aparcamientos en la punta de lanza de la acción política de la oposición al gobierno de Pedro Castro. A finales de abril de 2009, el Ayuntamiento de Getafe aprobaba suscribir créditos por 5,6 millones de euros para comprar plazas de garaje no vendidas por Roblepark o avalar a la empresa. Así se reflota cualquier empresa que tenga dificultades en vender, o ¿no? Sin embargo esta solución no se llegaría a concretar. Los responsables socialistas valoraban también rescatar el contrato y que fuera el propio Ayuntamiento el que lo ejecutara. Bien podrían haber empezado por ahí. Siendo el gobierno de coalición de PSOE e IU tan intervencionista nadie comprendía el modelo elegido para dotar a Getafe de aparcamientos para residentes sobre suelo público. Luego, no solo se se tendría la sospecha de las razones: se conocerían.

La respuesta del PP no se hizo esperar y solicitó que se investigara a la empresa Roblepark por si hubiera responsabilidad. Las obras de la calle Alicante y Plus Ultra estaban paralizadas; los vecinos temían la generalización del conflicto lo que podría conllevar, incluso, la pérdida de las cantidades anticipadas y la imposibilidad de conseguir los garajes. Sin dinero y sin garaje, como los de PSG. El Ayuntamiento, ante las quejas de los vecinos del barrio, había decidido no ejecutar el de la calle Valdemorillo y se olvidó del proyecto tras indemnizar a la cooperativa con 244.218 euros.

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27 DE MAYO DE 2009. En círculos políticos y periodísticos se conocía desde hacía algún tiempo. Las sospechas se habían confirmado. Pero hay que ser estúpido. Ese día se hizo público que el marido de Cristina González, concejala delegada de Obras [PSOE], José Miguel Vieito Aguado, era miembro del consejo rector de Jilguero 2005 Sociedad Cooperativa Madrileña, adjudicataria del aparcamiento de la calle del mismo nombre en el que estaban previstas 461 plazas de garaje. Para rematar la fotografía del chanchullo, la madre de la concejala era la tesorera y el padre el secretariodel Consejo Rector de la citada cooperativa. Todo quedaba en familia. 

El PP pidió la dimisión de Cristina González, la edil socialista, por «presunta corrupción urbanística» al vulnerar –hay que decir que presuntamente– la Ley. Cristina González no solo había votado a favor de la adjudicación en la Junta de Gobierno del día 12 de julio de 2007, sino que además había vuelto a «pringarse» de nuevo al votar la modificación de las condiciones de la adjudicación en las que se ampliaba el plazo de la concesión de 40 a 60 años; eso es, un incremento del 50 por ciento.

Parecía que los populares habían alcanzado una buena presa: se acusaba a Pedro Castro de orquestar una trama corrupta para adjudicar los aparcamientos. Entrado el verano, José Luis Vicente Palencia solicitó la entrega del acta de concejal de Cristina González y anunció que su partido pediría a Anticorrupción que se investigara la trama socialista para adjudicar los aparcamientos. El entonces vicepresidente, y ahora presidente, de la Comunidad de Madrid, Ignacio González exigió a Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños explicaciones urgentes por las adjudicaciones de los aparcamientos de Getafe.

Cristina González

A esas alturas del escándalo, Izquierda Unida largó amarras y se distanció de su socio de gobierno; empezaron a pedir a Pedro Castro, sin demasiadas convicciones, la dimisión de la tan traída y lleva Cristina González. El máximo responsable del PSM, Tomás Gómez, exigía a Pedro Castro, –avivando el fuego entre ellos–, «soluciones ante la concesión de un parking al marido de una concejala». Tomás Gómez desconocía en aquel momento que Cristina González, «abandonada moralmente» por Pedro Castro, se integraría en su bando, liderado a nivel local por Sara Hernández. Esperanza Aguirre, que no suele saltarse ni una, aseguró que el Ayuntamiento de Getafe «debía abrir una comisión de investigación»; la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid se mostró «escandalizada» ante las informaciones que señalaban a algunas empresas implicadas –a través de los miembros de los consejos rectores– con la financiación de las campañas electorales del exalcalde de Parla. Y así se hizo. Getafe debe ser uno de los municipios españoles, si no el primero, de los que más alto se sitúan en el ranking de comisiones de investigación abiertas por corrupción en el ámbito local.

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15 DE JUNIO DE 2009. Se constituye la comisión de investigación por el caso aparcamiento. A lo largo de ese mes se reunió varias veces; no sirvió para nada. Los expedientes estaban cercenados; las comparecencias solicitadas, entre ellas las de Pedro Castro, Tomás Gómez, Cristina González, otros ediles del Ayuntamiento de Getafe o los familiares implicados en el caso, concretamente, el marido y el padre de la concejala, no llegaron a producirse. Tampoco se admitió la recusación de David Castro, al que el PP consideraba implicado, como miembro de la comisión de investigación. La primera teniente de alcalde, Sara Hernández afirmó que había que dejar trabajar a la comisión «para no poner el carro encima de los bueyes» (solo les faltaba eso a los pobres animales de carga) y que la decisión de vetar las comparecencias tenía como objetivo «evitar un sainete de personas que van y vienen».

El gobierno municipal, pesar de las reticencias de IU, dio carpetazo al asunto. A otra cosa, mariposa. No se puede, ni se debe, esperar más de una comisión de investigación, salvo que no aclare nada y lo deje todo como estaba.

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ABRIL DE 2010. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado archivó el caso. La fiscal jefe del área de Getafe y Leganés, Adela Prieta, argumentaba en sus conclusiones que los hechos no eran constitutivos de ninguno de los delitos a los que hacía referencia la denuncia del PP, ni siquiera –consideraba la fiscal– había indicios. El PP acusó a la fiscalía de sufrir «miopía jurídica» y de adoptar decisiones dependiendo del partido que interpone las denuncias. Es normal, el partidismo, llega a cualquier instancia.

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JULIO DE 2010. Hacía tres meses que la fiscalía había archivado la denuncia de los populares. Carlos González, en aquel momento portavoz del PP local, y Gádor Ongil, vicesecretaria general del PP de Madrid, anunciaron en rueda de prensa una querella por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias contra algunos miembros del Gobierno Local de Getafe. El PP apuntaba que la trama de los aparcamientos getafenses podría haber generado unos «beneficios» de 12 millones de euros. Esta cifra estaba algo inflada; según nuestras cuentas, si el coste de cada garaje era de diez o doce mil euros y se vendía a dieciocho mil, el beneficio [antes de impuestos] o la gestión que se embolsaría Roblepark, una vez vendidas las 1.000 plazas proyectadas, hubiera ascendido a la mitad: 6 millones de euros.

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FEBRERO DE 2011. La clase política getafense encaraba ya la nueva convocatoria electoral de mayo. Ante las acusaciones del nuevo candidato del PP a la alcaldía, Juan Soler-Espiauba, de haber provocado un sobreprecio en el coste de las plazas de garaje, el PSOE recordaba que la fiscalía no había encontrado reparos en la adjudicación. El juicio empezó por esas fechas.

Cristina González fue citada en el juzgado número 7 de Getafe a declarar. A la salida, declaró a la prensa que ignoraba que con su voto favoreciera a su marido y a sus padres. «Me enteré por la prensa de que mis familiares formaban parte de la cooperativa adjudicataria del aparcamiento. Sabía que querían una plaza de garaje, pero no que estuvieran en la sociedad». Solo con eso parece suficiente para condenarla, al menos, mientras la justicia no dictamine,  moralmente.

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16 DE ENERO DE 2012. Han pasado seis años desde que las cooperativas se pusieron en marcha para intentar quedarse con el negocio de los aparcamientos sobre suelo público. El Juzgado que instruye el caso citó este día a declarar Antonio Cruz, administrador de Roblepark, en calidad de imputado. Se trata de dilucidar las responsabilidades penales de los actores protagonistas de este subterráneo serial. El Partido Popular de Madrid ha solicitó «personarse» como acusación particular en el proceso. Su primera acción será solicitar, a través del juzgado, la relación completa de inmuebles promovidos por estas cooperativas y sus adjudicatarios «para investigar si pudo haber un trato de favor o directamente regalos en favor de los concejales socialistas o de sus familias».

El PP quiere que se cite a Pedro Castro y a Cristina González. Se buscan, desesperadamente, las plazas de garaje con las que –presuntamente– fueron sobornados algunos ediles socialistas o sus familiares.

 

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5 DE OCTUBRE DE 2012. Se hace público el auto de la titular del juzgado número 7 de Getafe de fecha 3 de octubre, en el que cita a declarar lo días 21 y 25 de noviembre y 5 de diciembre a doce personas relacionadas con el caso, entre ellos a  tres concejales del PSOE y a una de IU. El auto de la jueza se basa en el informe pericial del funcionario habilitado por la Intervención General de la Comunidad de Madrid en el que se certifican determinadas irregularidades. Se trata de dilucidar si existe responsabilidad penal por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y cohecho, o simplemente  una responsabilidad administrativa.

Destaca y llega a sorprender en el auto de la jueza que todavía estén pendientes de practicar algunas diligencias acordadas el 5 de octubre de 2010 y el 24 de enero de 2012. Eso sí es una justicia rápida. Aunque parece que la lentitud del caso se debe al deseo del ministerio fiscal de archivar el caso. Solo faltaba que además de lenta, fuera inútil [la justicia, en general]. A lo peor, la judicatura y el ministerio fiscal, son también —como algunos piensan de los políticos— una clase "decadente".  

La noticia del auto es, sin duda, la citación como imputado del exalcalde Pedro Castro; también han sido citados a declarar el exconcejal de Hacienda e hijo del primero, David Castro, el exconcejal de Urbanismo José Manuel Vázquez y a la presidenta de la Mesa de Contratación, la edil de Izquierda Unida, Sylvia Uyarra. Ha destacado el actual alcalde, Juan Soler-Espiauba, no sin razón, que casi la mitad de los miembros del grupo socialista están imputados. ¿Dimitirán los concejales imputados como se exigen los partidos políticos unos a otros cuando llega ese momento o aguantarán como Cristina González, seguramente la imputada con más méritos para ser condenada? Parece más que evidente.  No. Nadie espera que se vayan a su casa a pesar de las voces que reclarman ese punto de dignidad.  

Entre los técnicos imputados destaca el Jefe de los servicios Técnicos, Armando García,  auténtico "cerebro" del urbanismo a la carta del PSOE y temible "brazo armado" del no ético exconcejal de Urbanismo Jesús Neira hasta la llegada del PP al gobierno local. También han sido citados igualmente como imputados Antonio López Mejía, jefe de Sección de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento ["la sombra de la tercera planta"], Joaquín Castillo, hijo de Joaquín Castillo Cantos y Epifanio Espinosa, administrador o representante legal de Estudio 23, Juan Carlos Segovia Ferrero, viceinterventor del Ayuntamiento de Getafe;  Alfredo Bobillo Garvía, letrado consistorial y  Mónica Ayuso García, vocal secretaria. 



Pedro Castro y José Antonio Serrano [el metralleta], primer edil condenado por corrupción en el Ayuntamiento de Getafe. Al fondo, José Luis Rivas y Jesús Neira

 En el [presunto] caso que fueran condenados todos los imputados por su [presunta] colaboración, en mayor o menor grado, Cristina se convertiría en el segundo edil de obras  del Ayuntamiento de Getafe condenado [por corrupción, sin presunción alguna]. Igualmente podríamos trazar o aventurar el devenir de  los dos grupos políticos afectados: PSOE e IU. En el caso del Partido Socialista, Sara Hernández sería [hipotéticamente] la gran damnificada a pesar que ella también estaba en el gobierno municipal que aprobó el penoso plan de aparcamientos. Acabaría, de esta manera con la vieja  historia del socialismo local, con el clan de los Castro, y a la vez con la "chinita en el ojo" que es hoy Jose Manuel Vázquez, Zole, portavoz del grupo municipal. Así finaliza la época del socialismo bifronte en la capital del sur. Menudo golpe a la experiencia.  En lo que afecta a la coalición rojiverde, se refuerza el papel dominante del diputado regional Gregorio Gordo;  no va  más. Además de "aparcar" a  Sylvia Uyarra lejos de Getafe, completaría la jugada "laminando" al sector liderado por Javier Viondi, que fuera portavoz de la coalición y fugaz candidato, defenestrado por sus propios camaradas al filtrar que había falseado el curriculum, incluida  la concejala Vanesa Lillo...  ¡Cómo anda el patio de mi casa!

UPyD rota y sin pegamento; IU, resquebrajada: pocos y mal avenidos; el PSOE, estallado, bisoño y sin rumbo. Así se las ponían a Felipe II; en realidad no sabemos qué le ponían, pero la expresión nos viene al pelo para describir rápidamente la situación política que vislumbra el alcalde Juan Soler-Espiauba, un camino cada día más fácil gracias a su capacidad política o, incluso y además, por las facilidades y la debilidad de  sus contrincantes... Pero no avancemos más de lo requerido. El tiempo dirá. Es preciso navegar, como diría Pessoa.