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30 de diciembre de 2003

Getafe repite curso urbanístico



El ayuntamiento de Getafe es como el niño malo que, no habiendo aprovechado el curso escolar, engaña a sus padres y les dice que ha "aprobado con nota" para asegurarse unas buenas vacaciones. Getafe ha suspendido el curso.

En junio (dos días antes de las elecciones de mayo, la Comunidad de Madrid "aprobó" el Plan General de Ordenación Urbana de Getafe de forma ligera y precipitada, pendiente de subsanar numerosas irregularidades, -como, por ejemplo, no cumplir la Ley del Suelo-); y en septiembre, con los deberes sin hacer, Getafe se vuelve a presentar a examen, de nuevo en busca de la ayuda del "amigo Gallardón" (otra vez dos días antes de las elecciones y con un Consejo de Gobierno muy, muy, muy en funciones, le tiene que dar calabazas con una aprobación que ordena la publicación (13 de octubre) que riza el rizo de publicar lo que se tiene que publicar, pero sin aprobar...¿se entiende?).

Getafe ha vuelto a suspender, claro. Este niño tiene una cara muy dura; el resto es una farsa. El pasado día 11 de diciembre se publicaban las normas urbanísticas para que lo aprobado del plan «entrase en vigor» .

El Plan General de Ordenación Urbana de Getafe (PGOU) está aplazado en los sectores más importantes (El Rosón, Los Molinos, Buenavista y Perales del Río) según lo publicado por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con fecha 11 de diciembre .

Getafe repite curso. Y deberíamos dotarnos, en base al interés general de los ciudadanos, del debate y la crítica que tan poco gusta, debate que se nos pretende hurtar con burdas y viles descalificaciones de políticos fracasados.

La revisión del PGOU ha profundizado en la arbitrariedad y la injusticia cuando asigna distintas edificabilidades en un mismo área en función del propietario, distintos modelos de gestión, decisión que se provoca no por la voluntad, la ignorancia o el capricho de quien la adopta, no en función del interés general, sino en función del propietario del suelo, precisamente en base a la esencia misma de la arbitrariedad y la especulación. Incluso ocultando los verdaderos propietarios para no mostrar sospechas ante la Administración superior.

Exigir a la Administración, a los que forman o han formado parte de ella, que den cuenta de sus actos, que clarifiquen las razones que les mueven a elegir una solución o tomar una decisión y no otras, y confrontar esas razones con la realidad para ver su consistencia, puede y debe interesar a todos los ciudadanos: "Juzgar a la Administración es una garantía, y una garantía esencial en un Estado de Derecho, que sin ello no podría siquiera merecer tal nombre, razón por la cual la Constitución no sólo la otorga a todos sin excepción alguna, ni personal, ni objetiva, sino que la asegura a ultranza en todo caso poniendo a su servicio, incluso, el amparo constitucional"
Muchos ciudadanos exigimos que se expliquen las razones que llevan a la Administración, por ejemplo, a cambiar más de 20.000 metros cuadrados edificables a cambio de una escuela infantil de 900 (la Comisión de Gobierno sabe por el concurso de Getafe Norte que el metro cuadrado de vivienda libre en Getafe costaba en esos momentos más de 1.000 euros; la construcción en torno a 700 euros. ¿El que era edil de urbanismo sabe matemáticas básicas? ¿20.000x1.000 = 900x700?
Por ejemplo, a conocer las razones del desarrollo «Tordesillanos» en el que se cambian unos terrenos ocupados desde hace tiempo por el Ayuntamiento para campitos de fútbol en Perales del Río y de los que nadie se había preocupado hasta que se adquieren por determinadas empresas. Y es, precisamente entonces, cuando el Ayuntamiento aprueba "in extremis" el "convenio" en el que se le asigna una edificabilidad residencial junto a El Bercial para beneficio de los mismos particulares de siempre, y con unas plusvalías que pueden superar los 18 millones de euros (¿han vendido a otra empresa antes de la aprobación por el Pleno del convenio?) uy, uy...
Por ejemplo, se debe explicar la razón por la que en El Rosón, donde se proyectan 2.750 viviendas (la mitad de El Bercial) no se destina reserva alguna de viviendas protegidas contra el 80% que se impone en otros sectores.
¿Por qué el coste de los puentes previstos entre El Bercial y el Rosón no es sufragado igualmente y en proporción a los beneficios generados por El Rosón? Se debe explicar la razón de ubicar unos puentes que cuestan más de 12 millones de euros y que, cuando se cumpla el sueño del alcalde de enterrar la N-401, habrá que tirar a la basura? ¿Tendrá que ver con la expropiación de alguna industria del Polígono El Rosón que se resiste a pactar con los de siempre?
La motivación de todas estas decisiones puede ser la diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario. Si no hay motivos que beneficien el interés general, la decisión o decisiones se habrán basado en la "voluntad" de quienes la adoptan o en el poder personal de aquellos que representan la administración de los vecinos, apoyo insuficiente en un Estado de Derecho.

La conclusión más evidente es que el alcalde, el anterior edil de Urbanismo y los Servicios Técnicos Municipales han sido incapaces de aprobar el Plan General en cuanto a lo que más le preocupa a los vecinos: la vivienda. Y hay que recordar que el Ayuntamiento destinó unas buenas "pagas extras" a los técnicos y funcionarios para "intentar aprobar" esta asignatura.
Pero el curso del anterior concejal de Urbanismo sólo pasará a la historia local por haber aumentado la tradicional "limitación de alturas" de los edificios y que, en algún caso, en el casco urbano, ha pasado de tres o cuatro a nueve.

"Valgan las reflexiones para acreditar que la discrecionalidad del planeamiento tiene límites y que, por tanto, cabe enjuiciar las decisiones adoptadas que en muchos casos no parten de la necesidad de resolver problemas de interés general, sino que, en su mayoría, se crean artificialmente para que, con ella, se produzca el escandaloso enriquecimiento de particulares. Y con absoluto desprecio del interés público."

En la fotografía: Francisco J. Hita Gamarra, ex concejal del urbanismo
Artículo publicado en la revista Observador
Getafe (Madrid), diciembre de 2003

Poner la zorra a cuidar las gallinas

Nunca digas nunca jamás. Será mentira. Lo contrario sería darle la razón, sin tenerla, al primer edil de nuestra ciudad. Ante la campaña desatada por Castro con su "Nunca más" al sistema de gestión de El Bercial tenemos que reclamar la atención no sólo de la máxima autoridad sino del resto de vecinos. El Bercial no es el Prestige, todo lo contrario; la Junta de Compensación de El Bercial es fruto del consenso social y político. Y técnico: es preciso subrayar que toda Junta de Compensación está "tutelada" por el Ayuntamiento y que todos los trámites administrativos y de planeamiento tienen su correspondiente aprobación en el Ayuntamiento de Getafe. Así, cuando se entreguen las únicas viviendas protegidas que se acabarán en esta legislatura (Bercial y Perales del Río) tendremos que felicitarnos todos: los políticos, los técnicos, las cooperativas y los vecinos.

El "nunca mais" de los gallegos, en boca del alcalde y de sus socios de Izquierda Unidad para desprestigiar un buen sistema (que ha funcionado muy bien para las cooperativas de viviendas y para los vecinos) suena a cachondeo; a querer resucitar muertos urbanísticos que faciliten el "populismo" de corto plazo y que como la deuda pública vence; y antes de que termine la legislatura.

Este debate, que se produce en las alturas políticas (y técnicas) del Ayuntamiento de Getafe, se vive en el pueblo con desconcierto. Mientras el Boletín Municipal dice que las Viviendas de Los Molinos y Sector 3 son ya una realidad, que el Plan General bendice los nuevos barrios, el concejal de Urbanismo sale en Telemadrid y dice que el Plan General no está aprobado. ¡A ver si se ponen de acuerdo!; desde fuera, el ayuntamiento de Getafe genera la sensación de desgobierno, de falta de rumbo, de tapar temas con proyectos caducos, de acumular mentiras,
....

El Alcalde, en un intento de gobernar la crisis, advierte a los vecinos del riesgo que cometen algunos ciudadanos al ingresar dinero en las cooperativas para los nuevos barrios sin especificar que hay cooperativas y "cooperativas". Que, al margen de esas importantes comillas, el alcalde sabe que el objeto social de las cooperativas (figura del ordenamiento económico-legal muy importante a nivel nacional y sobre todo local) es la de promover viviendas para sus socios. Y no hay manera mejor de hacerlo que adquiriendo terreno: y para ello hay que poner dinero. No hay otra forma.

Otra cosa es quién forma parte de la cooperativa, cuáles son sus objetivos transparentes y quién la gestiona. Nuestro alcalde no habla claro. Hay que decir que no se puede poner a la zorra a guardar las gallinas. Y eso es lo que pasa. Si el nuevo gestor de cooperativas es PSG, siglas de Propietarios de Suelo de Getafe (empresa en la que participa un conocido intermediario de terrenos), si en los consejos rectores hay familiares directos de propietarios de suelo, familiares de concejales..., todo el mundo entenderá que se trata de un ardid, una estrategia que busca subir el precio del suelo y llevarse las comisiones, quedarse con el trabajo de las empresas gestoras y ... desacreditar un sector con unos resultados impecables en Getafe. Pobres gallinas...

Pero el alcalde, metido en faena –como en sus tiempos mozos- se suelta la melena, y le dice a Esperanza Aguirre que quiere hacer los nuevos barrios por el sistema de expropiación y para ello propone que sea el Consorcio Getafe Norte el que los desarrolle. Y piensa en utilizar las plusvalías generadas a costa de los vecinos de este barrio para expropiar los Molinos y Buenavista. Lamentable. Esas plusvalías deben utilizarse en beneficio de los propios vecinos. Getafe norte es un barrio que necesita bastantes equipamientos sociales. Esas plusvalías también se podrían utilizar para pagar parte del puente que unirá Carrefour con El Corte Inglés, en vez de pagarlo con dinero público del resto de getafenses.

El Consorcio Getafe Norte no puede ser ejemplo de nada. De nada. Es el responsable de la subida del precio de las viviendas con el último concurso (más bien subasta, en contra de la Ley) de "la plaza de toros" donde en un solar dotacional se ubicarán 200 nuevas viviendas no previstas en el Plan Parcial.

El Consorcio Getafe Norte aún cuenta con flecos legales y económicos importantes con Hacienda, con promotores y vecinos del barrio. Por no haber hecho, ni siquiera ha pagado aún a algunos propietarios que ganaron en los tribunales un justiprecio superior a las 8.000 pesetas metro. Genial. Seguiremos pagando intereses.

Los Consorcios Urbanísticos han sido denunciados públicamente por promotores y gestores como "ventanillas" políticas en las que se pedían "entre 500.000 y 600.000 de las antiguas pesetas por vivienda". Sin comentarios.

Y por último, como el alcalde no se entera, tendremos que decirlo. El Consorcio Getafe Norte (al igual que el de Leganés Norte) estaba gestionado por Pedro Gómez Blázquez, dicen que amigo de Leguina y al que Gallardón dejó hacer. El alcalde de Getafe y la Comunidad de Madrid deben saber que este señor está implicado directamente en empresas que se dedican a gestionar viviendas, urbanizar, etc.. Pedro Gómez puede presumir de ser más listo, incluso, que el otro. Participa como administrador en diez empresas, de las cuales 8 tienen por objeto el negocio inmobiliario; y una UTE (también inmobiliaria). El capital social de las empresas inmobiliarias en las que participa es de 6.244.499 euros. La mayor parte de ellas constituidas entre mayo de 2002 y septiembre de 2003. Con conocidos socios en Getafe y Leganés (incluso algunos han recibido adjudicaciones de los consorcios... ). Alucinante. ¿Otra zorra guardando las gallinas?
Nuestro alcalde, como un viejo luchador, ha perdido el sentido de la orientación y del equilibrio, intentando imponer su opinión sólo con el aval de una dilatada carrera. Que no es poco, pero que necesita como todo en la vida, la tranquilidad y el sosiego de etapas nuevas y diferentes. Podría llegar el momento de que se produzca un relevo generacional, necesario para él que podría ocupar otras responsabilidades de "mayor altura", incluso la de defender los intereses de la zona sur madrileña en la Europa de las Regiones. Getafe, ya, necesita otro alcalde.

Artículo publicado en la revista Observador
Getafe (Madrid), diciembre de 2003

30 de noviembre de 2003

Lápiz y borra

En los partidos marxistas se tenía como sofisma suficientemente contrastado: si «quieres que algo no funcione, nombra una comisión». Y, eso, efectivamente es lo que ha sucedido. La «comisión de investigación» creada por el Ayuntamiento de Getafe ha sido una cortina de humo basada en el «4 valen más que 3» para alejar las acusaciones de información privilegiada y enriquecimiento basado en el urbanismo de Getafe de algunos ex concejales socialistas.

El que IU y PSOE concluyan que las personas que han estado al frente de responsabilidades municipales, que han votado el Plan General y que, a costa de ese instrumento, se han enriquecido, son «personas honorables que han dado su vida por este municipio» constituye simplemente una tarjeta de visita sin fundamento, sin respaldo; una etiqueta vacía de ideología. Como el que se lava las manos sólo con agua y, aún después, le huelen a sucio. Pero no queremos abundar en esa estrategia del «punto final» a determinados desmanes y escándalos. Lo que tenga que ser, será.

Dado que las prácticas denunciadas por la prensa no pueden ejercitarse sin el respaldo de la institución política y de los Servicios Técnicos municipales, habría que entrar a diseccionar y subir hasta el mismo «corazón del mostruo». De la abundante verborrea del máximo mandatario hasta las decisiones de la comisión de Gobierno, pasando por el mantel donde come el concejal de Urbanismo (éste nuevo o el que acaba de irse, qué más da; son comparsas, meras fachadas de un conjunto organizado), se desprende la engañosa política que preconizan estos socialistas de Getafe. Sobre todo, en lo relativo a la vivienda protegida.

No se nos podrá criticar por cuestionar determinadas prácticas que nos parecen inmorales; algunas pueden ser legales, pero no correctas. La ciudad es de todos (no existe la figura del director de colegio que nos pueda expulsar; hacerse mayores también tiene cosas buenas). Y por tanto, es cuestionble una o todas las decisiones, ya sean de carácter urbanístico, social o cultural. No parece legitimizado democráticamente un Plan General de Ordenación Urbana (1995) diseñado por un delegado de Urbanismo que ha funcionado a golpe de «modificaciones puntuales» y, curiosamente, en casi todas las modificaciones aparece la mano de los mismos ex concejales. Desde ahí que disentir en la necesidad, racionalidad o motivación de algunas actuaciones (como suprimir la trama industrial encajada en el casco y que convive pacíficamente con el entorno).

Mientras los jóvenes de Getafe no pueden acceder a una vivienda protegida, las decisiones tomadas en las modificaciones puntuales y la revisión del Plan General de Ordenación Urbana pendiente de publicar, van en una dirección: beneficiar a las empresas que controlan determinados desarrollos ( y en esos, «el que parte el bacalao» es Neira) en los que se venden viviendas a 60 o 70 millones.

Hay que hacer mención de los Servicios Técnicos Municipales, pues sin su criterio y discrecionalidad, el urbanismo de Getafe no estaría como está. Bien es sabido que el jefe de los mismos vino a Getafe de la mano de Neira cuando éste era delegado.

De la discrecionalidad legítima a la arbitrariedad prohibida y el tráfico de información, hay un pequeño espacio siempre abierto a la discusión y el debate.

Artículo publicado en la revista Observador
Getafe (Madrid), noviembre de 2003

Demasiada promiscuidad



Las «buenas» (o magníficas) relaciones entre concejales socialistas del Ayuntamiento de Getafe y constructores adjudicatarios de obras municipales no se limitan al caso de José Antonio Serrano sentenciado por el Tribunal Supremo sentenciado como un caso de corrupción política. Desde aquellos lejanos días son innumerables las «relaciones comerciales» entre ediles y constructoras adjudicatarias; algunas ya desaparecidas por su mala gestión y –según la rumorología local- por la «voracidad municipal», como Construcciones Técnicas Herba SA, hasta casos más recientes como Construcciones y Promociones García, SL. En medio del camino, desahuciadas por los juzgados o las deudas, han quedado, además de Herba, algunas más. Y es que parece que lo que tocan los socialistas, primero se convierte en negocio redondo para acabar en la «quiebra». Será mal fario o brujería.

Ya en aquélla misma época el concejal delegado de Urbanismo, Jesús Neira Salazar, y otros como José Luis Rivas Cabezuelo, adquirían chalets, locales y plazas de garaje a estos constructores adjudicatarios de numerosas obras municipales; ¿Quién no se acuerda de Herba? Muchas calles de Getafe son, todavía, y han sido testigos mudos de las chapuzas de Herba: Calle Madrid, Av. de las Ciudades .... Hasta el mismísimo alcalde ha sido «víctima» de esa promiscuidad entre políticos y constructores; en julio del año 2000 adquirió una vivienda de 189 metros cuadrados construidos, al cincuenta por ciento con su esposa, domicilio actual y habitual del primer edil a pesar de los rumores, en el edificio de la calle Manzana (en el centro neurálgico de la localidad) promovido por Construcciones Herba, SA. Ahí mismo, también, tiene un local de 100 metros y una plaza de garaje su compañero «de fatigas» Jesús Neira.

Otro caso de las «amigables» relaciones entre constructores y concejales socialistas lo ha protagonizado en la última legislatura el responsable de Urbanismo, sucesor de Neira en el sillón de las recalificaciones, Francisco José Hita Gamarra. Este edil adquirió a Construcciones y Promociones García, SL dos viviendas en el centro de Getafe. El primero, un piso en la planta segunda de un edificio situado en plena calle Toledo con entrada por la calle Hormigo, con una plaza de garage y 126 m² construidos. Fue adquirida cuando el ex concejal permanecía casado. Tras su separación el año pasado, pasó en escritura pública a su ex mujer. Esta vivienda está totalmente pagada.

La segunda vivienda adquirida por el ex delegado de Urbanismo a García es un atico de 271 m² (doscientos setenta y un metros cuadrados construidos) en pleno centro de Getafe (C/. San Vicente). Esta vivienda está gravada con una hipoteca de 20 millones de pesetas. Un auténtico chollo.

Las relaciones de José Luis García con los ex concejales socialistas viene de lejos, de cuando Neira ejercía de Delegado. Ya en el año 1993 aparecía una noticia en el diario ABC (véase la imagen) en la que el PP de Getafe denunciaba que «Una constructora comenzó una obra un mes antes de adjudicarse», en la que se acusaba a Construcciones y Promociones García de iniciar las obras de reparación del Colegio Público Miguel de Unamuno para acondicionar la sede de la Policía Local (ubicación donde está hoy) el día 10 de febrero de 1993 y , verificado mediante acta notarial, las obras no se adjudicaron hasta el 4 de marzo. El concejal de Urbanismo era Jesús Neira Salazar, que tras negar los hechos afirmó –refiriéndose a los concejales del PP- «no saben cómo salir en los papeles».

Tres años después, recién dejada la concejalía de Urbanismo y siendo diputado regional y miembro de la mesa de Urbanismo, se constituyó la empresa Luna de Madrid SL en la que figuran el constructor y otro ex concejal (José Luis Rivas Cabezuelo). Tres años después, nada más dejar el cargo de diputado, «aparece» como administrador «superpoderoso» de esa sociedad (vale la firma de dos administradores, siempre y cuando uno de ellos sea Jesús Neira); he ahí al cabo del tiempo: ex concejales y constructores socios.

Construcciones y Promociones García SL es una sociedad familiar, auditada y uno de los principales adjudicatarios de obras municipales. Su administrador también ha sido adjudicatario a través de la citada o de otras sociedades de suelo municipal para viviendas, hoteles y residencias de la tercera edad. Un auténtico imperio bajo el socialismo ¿familiar? Jesús Neira y este constructor figuran pública y conjuntamente como administradores en cinco empresas. Demasiada promiscuidad. Demasiada duda.

Artículo publicado en la revista Observador
Getafe (Madrid), noviembre de 2003

Hombre rico, hombre pobre


El urbanismo de Getafe en los últimos 24 años, hasta la publicación por parte de la revista Época del reportaje «El Clan de los mil millones», ha dejado numerosas dudas, conflictos, ambigüedades y decisiones de dudoso interés general. Ya no es un comentario de bar; algunos de los ex concejales socialistas que diseñaron el Planeamiento se han enriquecido a costa del mismo. Sin embargo, estos años se ha fraguado una historia, casi un telefilme de los 80, que tiene que ver más con las miserias de la vida que con la vida pública. Un mismo orígen que se ha transformado, como daga del destino, en situaciones dispares. Uno rico y el otro pobre.


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Dice la canción que «veinte años no es nada»; y doce, menos todavía. En 1991 tomaban posesión de su cargo Pedro Castro, como alcalde, y Jesús Neira, Antonio Alonso, Francisco Hita, José Antonio Serrano y José Luis Rivas, entre otros, como concejales. El reparto de funciones unió a Se­rra­no y a Neira; éste último, concejal delegado de Urbanismo, será durante cuatro años el jefe de Serrano que se ocupa de Obras y Mantenimiento, una «delegación menor» pero que le viene como anillo al dedo. Tiene ideas que ya rondan en la mayoría de los concejales: vivir del urbanismo y de la construcción. Unos lo han conseguido; Serrano, más conocido en el municipio por «el metralleta», afronta su peor pesadilla.


Hoy, tres legislaturas después, la mayoría de aquellos concejales se enfrentan a la vida desde la «iniciativa particular». Ya no son concejales, pero la mayoría comen (y bien) de lo que aprobaron en la época en la que sus decisiones marcaban el límite de lo urbanizable y las zonas verdes o los equipamientos.


A pesar de la grandilocuencia de las palabras de Antonio Alonso, que «puso las manos en el fuego» por José Antonio Serrano (evidentemente, se las ha quemado), lo cierto es que la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó en el mes de abril de este año la condena de cuatro años de prisión menor y ocho de inhabilitación especial para empleo de cargo público por cohecho, quince meses de prisión por maquinación para alterar el precio de las cosas y una multa de 222.374 euros que impuso la Audiencia Provincial de Madrid al ex concejal.


Según la sentencia del Tribunal Supremo, que pasó inadvertida en mayo por la anterior campaña electoral y a la que tuvo acceso este medio, los magistrados ratificaron así los delitos que imputó la Audiencia Provincial a Serrano: cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas.

10 POR CIENTO

Según la Audiencia Provincial, José Antonio Serrano percibió comisiones en metálico del contratista Enrique Álvarez Arana a cambio de adjudicaciones de obras a través de la con­ce­jalía que comandó Serrano entre 1988 y 1994.


Las comisiones que percibía José Antonio Serrano ascendían a un 10 por ciento de cada obra adjudicada a cualquiera de las empresas de Arana, entre ellas Praper, SA y superaron, según la sentencia de la Audiencia Provincial, los 60.000 euros.


La Audiencia Provincial aseguró además en su sentencia que esto fue posible porque «el sistema de contratación de obras permitía influir al Sr. Serrano (...) en la selección de las empresas (...) sin ningún tipo de control»....(¿?) Parece que Alon­so se quemó las manos, pero, ¿y Neira? Ni siquiera las puso frente a la lumbre. Hacía mucho calor.

CASO ÁLVAREZ ARANA

El caso «Álvarez Arana», como se conoce popularmente este asunto, resuelve judicialmente uno de los muchos escándalos políticos del municipio. A diferencia de otros, éste ha llegado, prácticamente, hasta el final. Saltó a la luz pública en 1994, lo que provocó la dimisión del ex edil después de que el empresario Arana revelase que había pactado con él –a propuesta del ex concejal- la adjudicación de obras a cambio de comisiones.


Una querella del hermano de Álvarez Arana en 1994 llevó a éste a los tribunales, donde confesó haber pactado con José Antonio Serrano el pago de comisiones a cambio de obras.
En el sumario, y como punto de unión para certificar la relación que ambos mantenían, se asegura que José Antonio Serrano y Enrique Álvarez Arana planificaron la creación de una empresa. Se declaran como hechos probados que «buscando asegurarse el Sr. Serrano un más estrecho control de la contratación y unos mayores beneficios, acordó con el Sr. Arana constituir una empresa en la que serían accionistas las respectivas esposas, que pudiese concurrir a los concursos de adjudicación de obras del Ayuntamiento de Getafe». Con esta finalidad constituyeron la empresa Aucarán, SL en el mes de noviembre de 1990. En pacto privado al margen de la escritura de constitución las socias de Aucarán vendieron 11 días después de la constitución de la sociedad el 25 por ciento de las participaciones sociales a Isabel Martín Bena, esposa del Sr. Serrano. El citado pacto se realizó «sin contraprestación alguna», indicó la sentencia. Desde entonces diferentes instancias judiciales han venido emitiendo sentencias condenatorias contra José Antonio Serrano.


En la actualidad, José Antonio Serrano, al que le ha sido denegado el indulto, está pendiente de un “último recurso” ante el Tribunal Constitucional en un intento por retrasar el ingreso en prisión.


José Antonio Serrano fracasó, pero abrió el camino a los socialistas que empezaban a creer en el «capital». Constituyeron empresas que ocultaban los socios, que disimulaban el objeto social y que no iban a competir en igualdad con el resto de empresas del municipio; en su momento se aprovecharían de lo que ellos mismos habían aprobado en el Plan General de 1995. ¡Así cualquiera!


Así, mientras sus compañeros de partido en el Ayuntamiento (Neira, Alonso y Rivas) se enriquecen, él está a punto de ir al «trullo» y por sólo sesenta mil cochinos euros y algunos «favorci­llos» en el chalet que tenía el edil en la localidad de Ugena.


Jesús Neira participa, como administrador, en quince sociedades; simplemente el capital social es enorme; el valor de las propiedades es casi inconmensurable; las cuentas inscritas de las sociedades, «de hipo», imagínense.


Está directamente implicado en los desarrollos urbanísticos de la Huerta del Jardinero, El Bercial, El Rosón Perales del Río, El Ventorro, Costa de Vigo, Plaza Porticada (Hospita­lillo); directamente y con contratos privados. Su socio, Antonio Alonso, también es rico a costa del ladrillo. Quién le diría que acabaría comiendo de El Rosón, en el que tanto sufrió. Entre ambos controlan el Getafe CF. Cualquier día llegará a presidente. Como Florentino; o Gil.
Se trata del primer capítulo de «hombre rico, hombre pobre».

Artículo publicado en la revista OBSERVADOR
Getafe (Madrid), noviembre de 2003

30 de octubre de 2003

La rosa, la huerta y el jardinero



La rosa, a las que nos referimos, no es la del PSOE, es la propia, la que quiso sólo para él, la que regó con su aroma de billetes verdes la "Huerta del Jardinero", un terreno urbano, que había dejado de ser huerta, con varias fincas que engloban el llamado solar de Manini ( por el apellido del propietario), recinto donde se ubicó algunos años el recinto ferial, y otras fincas con industrias "estancadas" en pleno entramado urbano, en la entrada a Getafe por la emblemática calle Madrid y frente a la Universidad Carlos III de Madrid y con la avenida, resultante del enterramiento de la vía, como espalda; equidistantes de las estaciones de cercanías de Getafe Centro y Margaritas. Una flor muy apetitosa.

El Jardinero fue, sin duda, Jesús Neira Salazar, más conocido como "el rubio". El hombre que como Concejal de Urbanismo contrató al jefe de los servicios técnicos; suficiente técnico para diseñar un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU aprobado en 1995) casi a la medida de Neira, y que como "jardinero" solícito preparó las zonas verdes, las veredas y hasta las rosas que luego, fuera del Ayuntamiento, "cortaría" para él y sus compañeros de partido.

La parte más golosa de la "huerta", el "solar de Manini", es el extremo de la calle Madrid antes de la rotonda del lazo, un terreno de unos 40.000 metros cuadrados calificado en el Plan General de 1982 cuadrads como zona urbana. Es decir era edificable y a ejecutar por compensación. Los propietarios del suelo dieron los primeros pasos y tras agruparse en una Comisión Gestora, constituyeron la Junta de Compensación.

Y es ahí donde empezaron sus problemas. Se encontraron con la actitud del, por entonces, Concejal de Urbanismo, Jesús Neira que ya había iniciado la revisión del Plan General del 82 y no estaba dispuesto a que se le escapara una de las principales "flores" del entramado urbano que había delimitado con el "lápiz y el borra". Desde aquellos días en Getafe se funciona, mejor que muchos restaurantes, con "urbanismo a la carta". La huerta del Jardinero nunca consiguió la aprobación del Ayuntamiento.

Es más, en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por la Comunidad de Madrid en 1995 se "desclasificó" ese suelo y se le "rebajó" a suelo dotacional y se sonsideró la adquisición de los terrenos para ampliación de la Universidad por el sistema de expropiación. El hecho es que los propietarios del suelo iniciaron acciones legales para que se les reconocieran los derechos que habían adquirido en el transcurso de los años con el anterior Plan General aprobado en los últimos días que actuó como alcalde de Jesús Prieto de la Fuente.

Jesús Neira hizo lo propio en 1995, consiguió la aprobación de "su" PGOU y se marchó del Ayuntamiento con destino la Asamblea de Madrid como diputado por el PSOE.
Durante el transcurso de los siguientes años el Ayuntamiento mantiene su posición a pesar de ir perdiendo el pleito en las diferentes instancias jurídicas. Con la sentencia del Tribunal Supremo en la que se reconocían los derechos de los propietarios y en la que se obliga al Ayuntamiento de Getafe a asumir una expropiación millonaria, interviene Jesús Neira Salazar.

"El rubio", ya no es concejal de Getafe pero sí es diputado regional por el PSOE y miembro de la "comisión regional de urbanismo"; una vez que deje el escaño regional quiere convertirse en "gestor urbanista" y con piel de camuflaje como el lobo del cuento, intermedia en la compra venta de los terrenos de Manini. El señor diputado hace de intermediario; y de "empresario privado". Es una vergüenza que se extiende por la calle y por las tabernas del pueblo. El día 15 de Enero de 1999 Trébol Gestión SL (sociedad en la que figura en ese momento otro ex concejal socialista del Ayuntamiento de Getafe, José Luis Rivas Cabezuelo) y Promociones Inmobiliarias Gonzalez Gervaso, SA –"Promogonsa"- (Francisco Felipe González Gervaso) adquieren en una notaría de Getafe ocho fincas registrales que constituyen el denominado solar de Manini.

La operación tiene un coste de 1500 millones de pesetas en "dinero A". Las hipotecas se firman fraccionadas; por un lado "Promogonsa" y por otro, agrupadas, las del otro 57 % (Trebol Gestión, SL y Luna de Madrid, SL). La "superpoderosa" sociedad Luna de Madrid, SL (las cuentas anuales harían temblar a Zapatero) se "quedara" con el diez por ciento de todas las adquisiciones. La operación de Neira es espectacular. Ese porcentaje del 10 por ciento se transmite a Luna de Madrid, SL, en escritura pública once meses después. Ya no es diputado y puede figurar en el registro mercantil como administrador mancomunado "indispensable" de la mencionada sociedad.

La Huerta del Jardinero incluía, además de las propiedades de Carlos Manini Mantilla los terrenos ocupados por industrias como Española de Ingeniería, Industrias Cimar y propietarios particulares como Francisco Macías, Felipe Martín Merino, Josefa Merino Martín, Manuel Gustavo Bada y Luis Cifuentes.


El PAU El Bercial Universidad recogía esta zona, antigua unidad de actuación zona 18 "Huerta del Jardinero", como sistema general para ampliación de la Universidad Carlos III. El convenio presentado al Ayuntamiento otorgaba a los propietarios de los 73.723 m² de suelo bruto edificabilidad en vivienda libre, protegida y comercial a cambio de la liberación de los terrenos.


Apenas un año después de dejar de ser diputado regional (15 de septiembre de 2000), Jesús Neira se adjudicaba en el convenio 48 viviendas viviendas de Protección Pública de más de 110 metros cuadrados a través de La Luna de Madrid y 18 más a través de Astron Iniciativas; además de 250 m² de edidficabilidad comercial. Puede que no sea ilegal, pero sí moralmente reprobable. Jesús Neira revendió las viviendas adjudicadas en el convenio sacando las plusvalías que se merecía su "gestión urbanística" durante todos esos años anteriores...

Trébol Gestión se adjudicó 90 viviendas libres, 87 viviendas de VPP de más de 110 m², 100 viviendas de VPP de menos de 110 m² y 401 m² de comercial con un valor (oficial y de mercado en el momento que vendió la libre) de más de 15 millones de euros; el terreno bruto le había costado menos de cinco millones.

20 de octubre de 2003

Metalinas, 100 años de zona verde

La historia de esta operación urbanística se inicia en el año 1997. A finales de ese año, la empresa «Crown Cork Company Ibérica, SA», más conocida en esta localidad como «Metalinas», por dedicarse a la fabricación de tapones de bebidas metálicos, aerosoles, etc..., filial de «Crown Cork & Seal Co. Inc con sede central en Filadefia decide afrontar la situación económica que arrastra en los últimos años. Las pérdidas económicas acumuladas desde 1991 (cerca de 1.718 millones de pesetas de 1998), hacen inviable el mantenimiento de la empresa en su ubicación: una parcela de 27.813 m² en el centro urbano de Getafe y limitada en cuanto a sus dimensiones y comunicaciones.

La factoría se ha quedado encajada en el tejido urbano en una zona muy apetecible para uso residencial, que resulta de la futura ampliación de la Universidad Carlos III, la avenida resultante del soterramiento de la vía férrea y la carismática calle Madrid. Una pequeña joya camuflada bajo el aspecto de viejas naves industriales.

A finales de 1997, la dirección de la empresa plantea la posibilidad de instalar una «megaplanta» que resulte competitiva frente a otros fabricantes nacionales e italianos. El apoderado de «Crown Cork Company Ibérica, SA», Juan José Cortés, asegura en un documento adjunto al posterior convenio que «sería aceptable a nivel corporativo el proyecto de construir una nueva ubicación en España (Getafe) que reunise las condiciones requeridas, siempre y cuando el coste integral del proyecto -excluyendo la maquinaria- fuese soportado por la operación inmobiliaria consistente en la reclasificación y venta del terreno industrial ocupado por Crown Cork Company Ibérica».

La «estrategia» de Metalinas, bautizada con el nombre clave de «Getafe II», hace pensar en un traslado al Polígono Industrial de Arroyo Culebro y es respaldada por las secciones sindicales de CCOO y UGT para «adecuar la plantilla de forma no traumática»; posteriormente se suscitan nuevos dimes y diretes y los sindicatos denuncian ante el Ayuntamiento en un escrito de fecha 24 de noviembre de 1997 el despido de 36 trabajadores, el 40% de la plantilla de Metalinas. La dirección asegura «que esta decisión supone, a corto plazo, la pérdida de puestos de trabajo pero, permite a medio y largo plazo, la consolidación de la compañía y su crecimiento futuro...». Se duda de la viabilidad del proyecto.

En Enero de 1998 la empresa y los trabajadores vuelven a ponerse de acuerdo en el traslado dentro de la misma localidad y se elaboran un documento que presentan al Ayuntamiento en el que se «garantiza la continuidad de la empresa, y se multiplican, por tres la cifra de negocio, y por dos el nivel de empleo en tres año, si se aprueba la reclasificación de los terrenos de la empresa». Durante 1998 se sucederán las negociaciones entre el Ayuntamiento y Crown Cork Company Ibérica para la recalificación de los terrenos.

La octava modificación del Plan General de Ordenación Urbana –las modificaciones han sido algo habitual en el Plan que diseñó Neira en su etapa de delegado de Urbanismo- se aprobó inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria el 15 de julio de 1998; durante la celebración del Pleno el Partido Popular vota en contra por considerar que se está aprobando una excesiva densidad de viviendas, en concreto 176 viviendas por ha. La defensa del convenio corre a cargo de Antonio Alonso y de Francisco Hita. ¡Qué vueltas da la vida!

Los acuerdos se plasman en un convenio urbanístico de fecha 1 de octubre de 1998 por el que la empresa se compromete a relocalizar sus instalaciones dentro del término municipal; en el documento se afirma que la dirección de la empresa ha iniciado conversaciones para adquirir una parcela en una nueva zona industrial del municipio e incluso se cita como «condición indispensable» para la tramitación de la modificación puntual del Plan General presentar el proyecto de Edificación para solicitar la licencia de obras del nuevo edificio de Metalinas en Getafe que iría ubicado en el Área 6- CLA.

El ayuntamiento, por su parte, califica los antiguos terrenos industriales para uso residencial. Con una superficie de 27.813 m² de parcela, le asigna una ocupación máxima sobre el 50 por ciento del terreno y un aprovechamiento lucrativo (edificabilidad) de 48.770m² con un máximo de 450 viviendas , siendo el 60 por ciento de algún tipo de protección pública y un mínimo del 10% del total (45) de VPO.

El convenio advierte de la necesidad del promotor de las cesiones, de entregar la zona urbanizada, de instalar su nueva factoría con determinadas dimensiones y de comunicar al Ayuntamiento una posible transmisión de los terrenos y de hacer explícita referencia a la existencia del convenio y de los derechos y obligaciones inherentes al mismo.

Sin embargo Metalinas cambia la decisión inicial y decide trasladar la producción a su planta de Portugal. Getafe pierde Metalinas y el casi centenar de trabajores, su empleo.

La decisión de Crown Cork Company Ibérica, conduce a manifestaciones, protestas sindicales y a la celebración de un «tumultuoso Pleno Municipal» en el que el Concejal delegado de Urbanismo, Francisco José Hita Gamarra asegura «que los terrenos sobre los que se asienta la industria van a ser zona verde durante 100 años».

La amenaza directa, sin velos, ya había funcionado en el caso de otra famosa reconversión industrial la de Kelvinator en la que la trama urbanística de exconcejales socialistas ha controlado a través de la empresa Trébol Gestión (empresa que ya se citó durante la comisión de investigación de la Asamblea madrileña). Y ahora no sería menos.

El Pleno aprueba el 4 de febrero de 1999 el desestimiento de la modificación puntual.
"Metalinas" cerró sus instalaciones y despidió a los trabajadores; los sindicatos se manifestaron para protestar por los despidos mientras sus compañeros socialistas en el Ayuntamiento de Getafe no perdieron la oportunidad de cambiar el curso de los acontecimientos. Una parcela tan "golosa" quedaba pendiente y era necesario un nuevo acuerdo pero ...¿cómo?

La firma norteamericana acabó vendiendo los terrenos a través de una opción de compra privada en la que medió el actual presidente del Getafe CF, SAD, Ángel Torres Sánchez (también socio de Jesús Neira Salazar) que actúa en el acto como intermediario y «asegurador del negocio». La opción de compra es transmitida en escritura pública a las sociedades Inmobiliaria Egido SA, Inmuebles de Pinto SA y San José de Valderas, todas pertenecientes al Grupo Egido, un auténtico imperio inmobiliario liderado por Francisco Castro Sainero que agrupa distribuciones cerámicas, constructoras, inmobiliarias, mobiliaria, saneamientos, hormigoneras, áridos, etc..

Ángel Torres se reserva la posibilidad de "adjudicar" las viviendas protegidas ya que éstas tienen un "precio oficial".

Ya dice el refrán que «no hay mal que cien años dure, ni siquiera la honradez o las zonas verdes» y, efectivamente, el Ayuntamiento de Getafe en aquel momento con su alcalde, Pedro Castro, a la cabeza y su primer teniente de alcalde Antonio Alonso Herrero, Delegado de Hacienda y Patrimonio (también socio de Jesús Neira en varias empresas inmobiliarias, vicepresidente del Getafe Club de Fútbol e intermediario de terrenos) cambia no sólo la «amenaza» de los 100 años sino que aprueban finalmente un nuevo convenio con el nuevo dueño de los terrenos muy parecido al proyectado con los propietarios iniciales de Metalinas.

El nuevo convenio de fecha 26 de marzo de 2001 ya recoge algunas de las cifras que finalmente aparecerán en la Revisión del Plan General recientemente publicada. Finalmente serán 430 viviendas, la mitad de ellas protegidas.

En el verano del año siguiente 2002 se produce en Getafe un hecho que modifica sustancialmente la valoración de la edificabilidad de la vivienda libre. La nefasta gestión del Consorcio Urbanístico Getafe Norte, que gestiona Pedro Gómez -hombre designado por Jesús Neira- hace que el propio Ayuntamiento revierta al Consorcio la denominada parcela de uso dotacional de la «plaza de toros» en el consolidado barrio de Getafe Norte, y el ayuntamiento la recalifica para uso residencial.

El concurso convocado por esa entidad urbanística en la que participa el Ayuntamiento acaba en «pura subasta» a pesar de la Ley del Suelo y hace que la edificabilidad libre alcance en Getafe un valor cercano a las 200.000 pesetas con la consiguiente sorpresa de Jesús Neira que se había presentado al concurso junto a su socio José Luis García Quirós de Construcciones y Promociones García, SL. Las presiones del propio Neira y del Alcalde de Getafe para que la Comunidad aceptara las tesis de los socialistas de Getafe y el Consorcio adjudicase al ex-concejal de urbanismo se vio empañada por las denuncias públicas del «chanchullo» y «enriquecimiento rápido y fulgurante» de los exconcejales socilistas de Getafe y que acabaron con la querella de Neira en el Juzgado contra el editor y el director del periódico Observador.

La Comunidad de Madrid, con sumo «tacto» adjudicó a las ofertas más caras. Las plicas se abren en Julio de 2001. Ese verano y los inicios del otoño el negocio inmobiliario de Getafe salta hecho añicos. El precio de los pisos se incrementa un 25 por ciento en pocos meses y la edificabilidad libre supera las 200.000 pesetas. Algunos promotores pagan «la luna». En el Ayuntamiento no pierden baza. Y mueven ficha a nivel oficial.

El nuevo propietario de los terrenos de «metalinas», Francisco Castro Sainero, en representación de las sociedades Inmobiliaria Egido SA, Inmuebles de Pinto SA y San José de Valderas, SA presenta un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Getafe en el que solicita «la modificación de distintos aspectos del texto inicial del convenio». Insólito. El día 25 de noviembre, seis días después, el Delegado de Urbanismo, Francisco Hita, con un informe suscrito en tan breve plazo por el Adjunto Jefe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística hace una proposición a la Comisión de Gobierno sobre acuerdo "complementario al adoptado por la comisión de Gobierno de 8 de marzo de 2001".

En realidad lo que Francisco José Hita Gamarra denomina «complementario» modifica sustancialmente el primer convenio. Mantiene la edificabilidad en 47.759 m² en concordanacia con la ficha de características de la P.O.S. -02 recogida en la Revisión del Plan General. Permite y permite el uso comercial en planta baja hasta un máximo del 10 por ciento (477 m²).
Y como quién no quiere la cosa y "pasa de puntillas" sigue afirmando que el uso residencial será Residencial Colectivo Libre. ¡Han desaparecido las viviendas protegidas!

A cambio el promotor viene obligado por este cambio a construir a su cargo una escuela infantil de 915 m² en la parcela que designe el Ayuntamiento. Diversas fuentes consultadas por este periódico han estimado esa obra, dependiendo del proyecto, en unas 120.000 pesetas por metro cuadrado, lo que supone unos 654.000 euros (109 millones de las antiguas pesetas).
El valor de la recalificación en la fecha en la que se produce, la comisión de gobierno se reúne el 28 de noviembre, supone para el promotor unas plusvalías (descontando el valor de las viviendas protegidas al valor de la edificabilidad libre) cercanas a los 24 millones de euros (4.000 millones de pesetas).

El claro favor económico realizado por la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe, con gobierno PSOE-IU, al promotor pinteño no se entiende en los ambientes inmobiliarios de Getafe. Se ha producido una decisión política criticable social y jurídicamente, además de la minusvalías que se producen en el patrimonio municipal se impide que los jóvenes de Getafe accedan a las tan cacareadas viviendas protegidas de las que habla el alcalde de Getafe.

Por cierto, el alcalde Pedro Castro Vázquez se ausentó de la Comisión de Gobierno y no figura en el acta que asestó el «golpe»; sin embargo, el portavoz de IU, Gregorio Gordo Pradel, que también se ausentó, sí figura en el acta. Un poco más de baile y no quedan más que la secretaria y la interventora para aprobar el "arreglito".

Getafe Capital del Sur
Artículo escrito en Octubre de 2003

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Dos años después, Francisco José Hita Gamarra, el exconcejal delegado de urbanismo, ha constituido una empresa cuyo objeto social es la intermediación de terrenos; Antonio Alonso Herrero, exconcejal de Hacienda, tambén se dedica al mismo negocio.

30 de junio de 2003

Neira especula con terreno para VPP

El ex-concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Getafe, Jesús Neira Salazar ha vendido a través de la sociedad Luna de Madrid, SL una parcela del PAU-2 El Bercial-Universidad destinada a la construcción de 139 viviendas de Protección Pública (15.437 m² edificables) a la cooperativa de viviendas "Fortuna Hábitat 2000" con un sobreprecio de más de 3 millones de euros al asignarle un valor de 3.778.649 euros a los 397 metros cuadrados de locales comerciales bajo bloque que se pueden proyectar en el edificio.

En la operación han intervenido, igualmente las sociedades Promociones Urbanas Bercial SL, Construcciones y Promociones García SL y Trébol Gestión SL. El importe total de la operación, realizada ante un notario de Getafe el pasado día 29 de abril, supondrá –dado que parte del pago total se ha aplazado- un ingreso para las sociedades citadas de 8.867.833 euros más el correspondiente IVA.

La parcela 33 del Plan Parcial de El Bercial Universidad figura, según el proyecto de Compensación (aprobado por el Ayuntamiento de Getafe y que se encuentra pendiente de inscribir en el Registro de la Propiedad), a nombre de las sociedades Luna de Madrid SL (65,16 por ciento del dominio), Promociones Urbanas Bercial, S.L. (21,94 por ciento), Trébol Gestión SL. (11,05%), y Construcciones y Promociones García SL (1,84 %). En la venta participan como administradores de este "grupo de empresas" el ex-concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Getafe, Jesús Neira Salazar (administrador "principal" de Luna de Madrid ), el ex-concejal del Ayuntamiento de Getafe José Luis Rivas Cabezuelo (administrador de Trébol Gestión, junto a Luis Miguel Díaz Castro) y José Luis García Quirós (Luna de Madrid, Construcciones García y Promociones Urbanas Bercial, ésta última junto a Félix Carlos Díaz)
Por parte de la cooperativa Fortuna Hábitat 2000, y en representación de ella, intervienen Valentín Esteban Lunas y Pablo Peña Cavaco, vicepresidente y secretario de la cooperativa respectivamente. En una carta dirigida a la sucursal de Caixa Cataluña en Getafe Norte, Pablo Peña asegura –como "Presidente"-que la cooperativa Fortuna Hábitat 2000 "pretende ser propietaria de un terreno en el Bercial con una edificabilidad de 15.834 m² para 139 viviendas de protección oficial". Afirma el presidente que "en el presente momento (la carta está firmada el 21 de abril de 2003) se posee un anteproyecto con un coste total de 27.961.056 euros" y que según las estimaciones que hacen "los cooperativistas tendrán que completar unos desembolsos de cantidades anticipadas que alcanzarán la cifra de 10.483.311 euros, de los cuales 6.735.467 euros va destinada a la compra de suelo y que .... ". En realidad el "presidente" no era del todo sincero con la Caixa. Ni el cargo (en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid figura como presidente Miguel A. Del Río Soria), ni el precio de la parcela,... pero bueno esos son cosillas con los bancos (en realidad el suelo costará algo más y por ello cada socio tendrá que pagar hasta llaves 74.720 euros –12.431.016 pesetas-). Al final, el "presidente" de la cooperativa lo que solicita del banco es la concesión de un certificado bancario de cuenta restringida "con lo cuál la cuenta quedará bloqueada a todo aquello que no tenga por objetivo la compra de suelo y la posterior autopromoción".

La carta dirigida a la Caixa es simplemente un "impreso" fotocopiado de publicidad. La oficina de Caixa de Cataluña en Getafe Norte informa a los posibles cooperativistas sobre la "solvencia" del grupo Losher. Personados en la oficina de la entidad bancaria se nos ha confirmado que la señal dada para la compra del suelo se ha realizado con un crédito de la Caixa a la cooperativa (con lo cual todos los ingresos que se realizan en la cuenta 2013-1531-81-0200148009 se dedican de momento a amortizar ese crédito). Se ha comprado el suelo con dinero prestado a cuenta del dinero de los futuros cooperativistas sin su consentimiento. Con respecto al afianzamiento de las cantidades a cuenta se asegura que "la Caixa está estudiando el asunto aunque todavía no se ha concretado". Bueno, la cuenta... es una cuenta corriente,. Y,... ¿si fallase la operación? ¿Se podría devolver el dinero a todos los cooperativistas?... El dinero cobrado por las empresas vendedoras se lo quedarían en concepto de indemnización... Peligroso método.

Es curioso que la compra venta se protocoliza ante notario (aunque la parcela no está inscrita y buena parte del pago está aplazado) unos días antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2003, de 26 de marzo, del régimen sancionador en materia de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid. Esta Ley regula las infracciones y sanciones en materia de vivienda sometida a algún régimen de protección. En ella se hace especial mención al factor suelo, por su gran incidencia en el precio final de la vivienda, estableciendo esta ley mecanismos para mantener su precio dentro de los límites fijados en la legislación de viviendas protegidas, a cuyo efecto se introduce como infracción muy grave la venta y adquisición de suelo por un precio superior al coeficiente máximo de repercusión de los terrenos en el precio de las viviendas protegidas, imponiéndose además de las sanciones correspondientes, la obligación del vendedor de reintegrar al comprador las cantidades indebidamente percibidas. Anteriormente tampoco estaba permitido.
Cuando la operación, ahora firmada, termine de materializarse y la cooperativa tenga la posesión de la parcela, el ex-concejal de Urbanismo habrá ingresado en su sociedad la Luna de Madrid SL la cantidad de 5.778.402 euros; 1.45.870 euros, 980.318 euros y 163.293 euros percibirán Promociones Urbanas Bercial, Trébol Gestión y Construcciones García, respectivamente.

El precio que pagará la cooperativa Fortuna Hábitat 2000 a este "conglomerado"de propietarios por las 139 viviendas de Protección Pública de más de 110 metros cuadrados construidos y los 397 metros de locales comerciales bajo bloque supera con creces el precio oficial de la parcela. El precio máximo de venta de esta parcela suponiendo 139 Viviendas de Protección Pública de unos 90 metros cuadrados útiles, 139 trasteros con el máximo de superficie que la ley permite vender (8m²) y dos plazas de garaje por vivienda (las dos tienen precio oficial) debe ser de 5.089.234 euros, exceptuando el precio de los locales; la cooperativa pagará un exceso de 3.778.649 euros lo que supone valorar el precio del metro cuadrado de local comercial bajo bloque en el Bercial a 9.518 euros (más de un millón y medio de las antiguas pesetas). La cooperativa debe sacar a subasta pública los locales comerciales y es improbable, bueno no, es imposible, que nadie pague ese precio allí. Razonablemente hay que entender que se ha "asignado" el sobreprecio de la parcela a un "sobre-valor" exagerado a los locales comerciales que posteriormente le quedarán "endosados" a los "ignorantes" cooperativistas. La maquinación para evitar la ley está servida.

La parcela 33 del Plan Parcial PAU2 El Bercial destinada a la promoción de Viviendas de Protección Pública tiene en el proyecto de compensación una carga destinada a responder de los gastos de urbanización de unos 194.000 euros que asumen los vendedores. Esta cantidad tan reducida (debería superar el millón de euros ) se debe a que la mayor parte de los derechos edificatorios provienen de la compensación por la Huerta del Jardinero (final de la calle Madrid donde se construyen las nuevas dependencias de la universidad Carlos III) y otra parte del 10% de aprovechamiento cedido por la Junta al Ayuntamiento de Getafe y que el Consistorio volvió a vender a promotores y cooperativas.

Si el ex-concejal de Urbanismo hubiera vendido a la cooperativa al mismo precio que le vendió el Ayuntamiento en el año esta pagaría sólo 4.032.740 euros por la parcela en vez de los 8.867.402 (incluyendo el precio de los locales comerciales bajo bloque. La proporción de la maniobra especulativa es clara: más del cien por cien.

Especula, que algo queda

¿Cuánto? 500 kilos. No está mal. ¿Verdad? Estamos ante un caso flagrante de especulación con el terreno destinado a viviendas protegidas. Y hay que preguntar por la postura que adoptará el Ayuntamiento de Getafe ante los hechos y la de todos los grupos políticos que han "peleado" el tema de la vivienda durante la campaña . Qué dirá el alcalde de Getafe, al que tanto le gusta hablar de viviendas protegidas, de la expropiación, y de la tendencia alcista del suelo o, por no citar al jefe supremo, qué dirá Simancas de las artimañas de sus "compañeros" de Getafe para saltarse el "módulo" oficial de viviendas protegidas, especular con suelo en parte de procedencia municipal (es el que más caro les ha salido) y "forrarse" a costa de los cooperativistas y ciudadanos.

En tanto nadie pone límites, estos "listos" se entretienen con su deporte favorito. Y no es el fútbol; aunque se dediquen al "pelotazo limpio". Es posible que éste, u otro, llegue tan alto que alguien de su partido les pite falta, fuera de juego o, por lo meno, les amoneste por sus prácticas amorales, faltas sensibilidad social y seguramente i/a-legales, merecedoras en todo caso de reprobación.

Toca recapitular y pensar que todo lo dicho sobre vivienda protegida cuando era edil de Urbanismo era... política, pura mentira; más que mentira: una farsa; nada de socialismo, ni "dios que pintó a perico". Estamos seguros que sin árbitro en Getafe, Simancas o Zapatero tendrán que poner orden en un municipio que se les escapa por el camino de la desvergüenza. Quédense ustedes con su nombre: especulador.

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Artículo publicado en Observador
Getafe (Madrid), junio de 2003

Getafe Capital del Sur