Ediles de sueldo tasado

La última crisis económica, ésta misma que nos ocupa, la primera del nuevo siglo, la que hace cundir de nuevo el pánico entre empresarios y trabajadores, y se extiende entre la sociedad con la velocidad de un reguero de pólvora encendida, ha provocado reacciones curiosas por parte de los políticos que [los ciudadanos] no habíamos percibido en otras ocasiones. Hay que retroceder hasta otros episodios de depresión económica o desequilibrio. Aproximadamente, cada diez o doce años se produce uno de esos "parones", o parétesis, en el crecimiento del modelo económico predominante a nivel internacional; recordemos las recesiones anteriores que sufrimos en los años 1974, 1987 y 1998. Y nunca los políticos se comprometieron, de manera tan personal, a arrimar el hombro y dar ejemplo.

Creo que fue Esperanza Aguirre la primera en anunciar un esfuerzo del gobierno autonómico por "adelgazar" la administración, congelar los salarios y reducir gastos. Inicialmente se tachó la iniciativa como populista; y no sólo por la oposición a la presidenta madrileña, sino también por sectores de su partido. A veces no es malo ser un poco demagógico si con ello los políticos dan [mejor dicho, demuestran, que dar, dar,.. dan poco], al menos, un poco de ejemplo [sensibilidad].

La iniciativa del gobierno regional madrileño, ha calado, como mensaje publicitario certero, en el resto de administraciones; central, autonómicas y locales. Quien más y quien menos se ha apresurado a anunciar medidas de ahorro y sobriedad. El Ayuntamiento de Getafe, a través de su primera teniente de alcalde, Sara Hernández, anunciaba hace unos días la reducción de cargos de confianza y la congelación del salario de los concejales (¿sólo eso?).

Hay ayuntamientos en los que la crisis inmobiliaria y urbanística, sumado a la ausencia de un modelo alternativo de financiación, ha empezado a esbozar un triste y negro panorama en sus cuentas. El pinchazo de la famosa burbuja afecta no sólo a los promotores. Algunos alcaldes empiezan a temer medidas más drásticas como los despidos masivos, a través de los famosos expedientes de regulación de empleo (ERE). Hasta es posible que se vean numerosos municipios en las condiciones técnicas requeridas para iniciar el concurso de acreedores o suspensión de pagos, incluso la quiebra. En esta situación parece encontrarse municipios como El Álamo o, más cerca, Parla, la ciudad gobernada por, Tomás Gómez, el nuevo "sherif" de los socialistas madrileños.

La noticia adelantada por la número dos del consistorio getafense podría quedarse corta si se confirman las que ha anunciado su "jefe". Hace casi un año que Pedro Castro fue elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Tras la designación como máximo representante de los alcaldes de España, lo primero que exigió fue un mayor protagonismo de los Ayuntamientos como parte del estado, de manera que “dejaran de ser el pariente pobre de la Transición..."

Entre las resoluciones aprobadas, al inicio del mandato de Pedro Castro Vázquez, la FEMP acordó elaborar una especie de código ético para alcaldes y concejales con los principios fundamentales que deben regir [siempre] una acción de gobierno, basada en la "transparencia, honestidad y eficacia".

Asimismo, decidió elaborar, junto al Ministerio de Administraciones Públicas, unos criterios objetivos que permitan definir las retribuciones de los cargos públicos locales, al objeto de eliminar, en la medida de lo posible, las disparidades existentes. Se trataba de fijar “un máximo y un mínimo” con diferentes tramos salariales en función del número de habitantes y la situación financiera de la ciudad, para evitar que el regidor de una pequeña localidad gane, por ejemplo, más que el Presidente del Gobierno.

La propuesta, elaborada por Izquierda Unida, pretendía "dignificar" las retribuciones de los políticos y evitar los escándalos que se han producido en algunos ayuntamientos con los sueldos que se han fijado sus alcaldes y concejales. Esperemos que la proposición siga adelante, buscando su objetivo, y no disimulando o enmascarando la voracidad salarial de los políticos a costa de sus vecinos.

Desde los inicios de la transición democrática, los cargos electos se han galardonado, una vez conocidos los resultados electorales, cual premio a los vencedores, con espectaculares y escandalosos incrementos en sus retribuciones. Y así ha sido desde que podemos hacer memoria o acreditar con los registros de los buscadores de internet; casi siempre y casi todos, de cualquier signo político, lengua o religión, han iniciado las distintas legislatura con suculentos aumentos de sueldo y dietas.

¿Cuanto ganaba el alcalde de Getafe en 1986? En 1987, tras vencer por segunda vez consecutiva en las elecciones municipales se subió el sueldo. A pesar de la subida, Castro era [salarialmente hablando] algo menos que mileurista (147.000 pesetas,..); ¡como pasa el tiempo! A ningún político le gusta que le urguen en asuntos tan íntimos como el salario o el patrimonio acumulado; tan personal, y a veces tan oculto, como tan comprometido para la buena imagen del político ante el elector.

Según ha dicho nuestro alcalde de alcaldes, en una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE, ese Código de Buen Gobierno que hemos mencionado se aprobará en la próxima ejecutiva de la FEMP, que se celebrará a finales de mes, incluyendo la medidas éticas, la declaración pública del patrimonio y los criterios para fijar el sueldo de alcalde y concejales. Sería todo un logro, aunque nos parece difícil, salvo que esas recomendaciones se conviertan en Ley.

Y puestos a pedir una Ley de Haberes, que delimite, además del sueldo de alcaldes y ediles, los emolumentos del resto de políticos electos, ministros, consejeros, diputados nacionales, autonómicos, y cargos de confianza; que se estipulen las dietas, los gastos de representación y de protocolo, los regalos, las comilonas, la tarjeta de crédito, los gastos de locomoción, la asignación de vehículos, los gastos de seguridad y guardaespaldas, etcétera. Se acabó la fiesta, señores... Pero, volviendo a la realidad, somos [muy] excépticos en el resultado de la iniciativa. Aun así, soñar es gratis.

¿Se imaginan? España tendría, como en el caso de la vivienda protegida, alcaldes de sueldo tasado y concejales con salario limitado en función de criterios como el tamaño de la ciudad, la superficie y sus habitantes, así como por sus competencias y labores asignadas. Realmente dudamos que los políticos sean capaces de autolimitarse; de imponerse unas determinadas normas de austeridad y sobriedad. Son tantos años ejerciendo con la entrada de "barra libre" que les regalamos con nuestros votos que parece poco probable. El gobierno central ve con buenos ojos la medida tras percibir con estupor el descaro de muchos alcaldes y cargos electos que ganan más que los ministros, incluso que los vicepresidentes o, el mismísimo, presidente del gobierno de España (el mayor exceso salarial corresponde a su correligionario, el socialista José Montilla, el presidente de la Generalitat de Catalunya, que cobra casi, casi, el doble que María Teresa Fernández de la Vega).

De llevarse a cabo, y lograr el consenso necesario, queda la duda si los criterios que se van a aprobar por la Federación Española de Municipios y Provincias serán de obligado cumplimiento, es decir vinculantes para todos los cargos electos, o, igual que el papel mojado, una simple orientación. En el caso de que la tabla salarial de la FEMP fuera vinculante podríamos estar ante una posible bajada del sueldo de Pedro Castro como alcalde de Getafe.

Getafe, que por razones obvias debe ser espejo en el que mirarse las administraciones locales y ejemplo de sobriedad salarial, ha anunciado, como hiciera Esperanza Aguirre, “medidas adelgazantes”, no sabemos si a base de dieta [comiendo menos y gastando poco] o con ejercicio [mandar a paseo a los que sobran].

El año pasado, al poco de salir elegida la nueva corporación municipal, hay que recordarlo para que nadie se olvide, los tres grupos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento de Getafe acordaron subirse los sueldos propios, los de los cargos de confianza y los gastos de funcionamiento de los grupos políticos (unos doscientos mil euros para cada uno de los tres partidos con representación municipal). En el Ayuntamiento de Getafe hay 52 cargos de confianza (más o menos técnicos, ex concejales, comisarios políticos y premios a la fidelidad) que cobran entre los 22.000 y los 62.000 euros. El pleno que aprobó estos gastos se celebró el día 26 de junio de 2007, un mes después de los comicios y duró seis o siete minutos. Absoluta unanimidad. La partida supone casi cuatro millones de euros, sin contar los costes de seguridad social.

Así el alcalde de Getafe, cobraba desde junio de 2007 la cantidad de 85.593 euros anuales. Casi tanto como lo que percibía José Luis Rodríguez Zapatero (89.303,28 euros ), más que cada uno de los vicepresidentes del gobierno de España (83.936,16 euros), mucho más que los ministros (78.781,28 euros) y más que alcaldes de ciudades como Santander, Alicante, La Coruña, Granada, Pamplona, ... Ahora sí le vendría bien a Pedro Castro que Getafe fuera la "capital de Madrid"; para justificar la paga.

Sus compañeros de corporación, el resto de ediles con "responsabilidades", de gobierno y oposición, no se han quedado a la zaga y, con su voto, se subieron la soldada. Los concejales liberados del Ayuntamiento de Getafe cobran desde el 18 de junio del año pasado entre los 64.996 y los 66.222 euros. Mientras tanto el salario medio en España se calcula en unos 20.000 euros. Y eso no ayuda a nadie; ya se sabe que la estadística es pura falsedad matemática maquillada de ciencia aproximada. Los ciudadanos aprietan sus vidas para pagar las hipotecas y no perder los pisos; y adelgazar, de verdad, reducienndo incluso el consumo de bienes de primera necesidad, mientras el fantasma del paro corretea de aquí para allá amenazando o atosigando a cualquier hijo de vecino.