Metalinas, 100 años de zona verde

La historia de esta operación urbanística se inicia en el año 1997. A finales de ese año, la empresa «Crown Cork Company Ibérica, SA», más conocida en esta localidad como «Metalinas», por dedicarse a la fabricación de tapones de bebidas metálicos, aerosoles, etc..., filial de «Crown Cork & Seal Co. Inc.» con sede central en Filadefia decide afrontar la situación económica que arrastra en los últimos años. Las pérdidas económicas acumuladas desde 1991 (cerca de 1.718 millones de pesetas de 1998), hacen inviable el mantenimiento de la empresa en su ubicación: una parcela de 27.813 m² en el centro urbano de Getafe y limitada en cuanto a sus dimensiones y comunicaciones.

La factoría se ha quedado encajada en el tejido urbano en una zona muy apetecible para uso residencial, que resulta de la futura ampliación de la Universidad Carlos III, la avenida resultante del soterramiento de la vía férrea y la carismática calle Madrid. Una pequeña joya camuflada bajo el aspecto de viejas naves industriales.

A finales de 1997, la dirección de la empresa plantea la posibilidad de instalar una «megaplanta» que resulte competitiva frente a otros fabricantes nacionales e italianos. El apoderado de «Crown Cork Company Ibérica, SA», Juan José Cortés, asegura en un documento adjunto al posterior convenio que «sería aceptable a nivel corporativo el proyecto de construir una nueva ubicación en España (Getafe) que reunise las condiciones requeridas, siempre y cuando el coste integral del proyecto -excluyendo la maquinaria- fuese soportado por la operación inmobiliaria consistente en la reclasificación y venta del terreno industrial ocupado por Crown Cork Company Ibérica».

La «estrategia» de Metalinas, bautizada con el nombre clave de «Getafe II», hace pensar en un traslado al Polígono Industrial de Arroyo Culebro y es respaldada por las secciones sindicales de CCOO y UGT para «adecuar la plantilla de forma no traumática»; posteriormente se suscitan nuevos dimes y diretes y los sindicatos denuncian ante el Ayuntamiento en un escrito de fecha 24 de noviembre de 1997 el despido de 36 trabajadores, el 40% de la plantilla de Metalinas. La dirección asegura «que esta decisión supone, a corto plazo, la pérdida de puestos de trabajo pero, permite a medio y largo plazo, la consolidación de la compañía y su crecimiento futuro...». Se duda de la viabilidad del proyecto.

En Enero de 1998 la empresa y los trabajadores vuelven a ponerse de acuerdo en el traslado dentro de la misma localidad y se elaboran un documento que presentan al Ayuntamiento en el que se «garantiza la continuidad de la empresa, y se multiplican, por tres la cifra de negocio, y por dos el nivel de empleo en tres año, si se aprueba la reclasificación de los terrenos de la empresa». Durante 1998 se sucederán las negociaciones entre el Ayuntamiento y Crown Cork Company Ibérica para la recalificación de los terrenos.

La octava modificación del Plan General de Ordenación Urbana –las modificaciones han sido algo habitual en el Plan que diseñó Neira en su etapa de delegado de Urbanismo- se aprobó inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria el 15 de julio de 1998; durante la celebración del Pleno el Partido Popular vota en contra por considerar que se está aprobando una excesiva densidad de viviendas, en concreto 176 viviendas por ha. La defensa del convenio corre a cargo de Antonio Alonso y de Francisco Hita. ¡Qué vueltas da la vida!

Los acuerdos se plasman en un convenio urbanístico de fecha 1 de octubre de 1998 por el que la empresa se compromete a relocalizar sus instalaciones dentro del término municipal; en el documento se afirma que la dirección de la empresa ha iniciado conversaciones para adquirir una parcela en una nueva zona industrial del municipio e incluso se cita como «condición indispensable» para la tramitación de la modificación puntual del Plan General presentar el proyecto de Edificación para solicitar la licencia de obras del nuevo edificio de Metalinas en Getafe que iría ubicado en el Área 6- CLA.

El ayuntamiento, por su parte, califica los antiguos terrenos industriales para uso residencial. Con una superficie de 27.813 m² de parcela, le asigna una ocupación máxima sobre el 50 por ciento del terreno y un aprovechamiento lucrativo (edificabilidad) de 48.770m² con un máximo de 450 viviendas , siendo el 60 por ciento de algún tipo de protección pública y un mínimo del 10% del total (45) de VPO.

El convenio advierte de la necesidad del promotor de las cesiones, de entregar la zona urbanizada, de instalar su nueva factoría con determinadas dimensiones y de comunicar al Ayuntamiento una posible transmisión de los terrenos y de hacer explícita referencia a la existencia del convenio y de los derechos y obligaciones inherentes al mismo.

Sin embargo Metalinas cambia la decisión inicial y decide trasladar la producción a su planta de Portugal. Getafe pierde Metalinas y el casi centenar de trabajores, su empleo.

La decisión de Crown Cork Company Ibérica, conduce a manifestaciones, protestas sindicales y a la celebración de un «tumultuoso Pleno Municipal» en el que el Concejal delegado de Urbanismo, Francisco José Hita Gamarra asegura «que los terrenos sobre los que se asienta la industria van a ser zona verde durante 100 años».

La amenaza directa, sin velos, ya había funcionado en el caso de otra famosa reconversión industrial la de Kelvinator en la que la trama urbanística de exconcejales socialistas ha controlado a través de la empresa Trébol Gestión (empresa que ya se citó durante la comisión de investigación de la Asamblea madrileña). Y ahora no sería menos.

El Pleno aprueba el 4 de febrero de 1999 el desestimiento de la modificación puntual.
"Metalinas" cerró sus instalaciones y despidió a los trabajadores; los sindicatos se manifestaron para protestar por los despidos mientras sus compañeros socialistas en el Ayuntamiento de Getafe no perdieron la oportunidad de cambiar el curso de los acontecimientos. Una parcela tan "golosa" quedaba pendiente y era necesario un nuevo acuerdo pero ...¿cómo?

La firma norteamericana acabó vendiendo los terrenos a través de una opción de compra privada en la que medió el actual presidente del Getafe CF, SAD, Ángel Torres Sánchez (también socio de Jesús Neira Salazar) que actúa en el acto como intermediario y «asegurador del negocio». La opción de compra es transmitida en escritura pública a las sociedades Inmobiliaria Egido SA, Inmuebles de Pinto SA y San José de Valderas, todas pertenecientes al Grupo Egido, un auténtico imperio inmobiliario liderado por Francisco Castro Sainero que agrupa distribuciones cerámicas, constructoras, inmobiliarias, mobiliaria, saneamientos, hormigoneras, áridos, etc..

Ángel Torres se reserva la posibilidad de "adjudicar" las viviendas protegidas ya que éstas tienen un "precio oficial".

Ya dice el refrán que «no hay mal que cien años dure, ni siquiera la honradez o las zonas verdes» y, efectivamente, el Ayuntamiento de Getafe en aquel momento con su alcalde, Pedro Castro, a la cabeza y su primer teniente de alcalde Antonio Alonso Herrero, Delegado de Hacienda y Patrimonio (también socio de Jesús Neira en varias empresas inmobiliarias, vicepresidente del Getafe Club de Fútbol e intermediario de terrenos) cambia no sólo la «amenaza» de los 100 años sino que aprueban finalmente un nuevo convenio con el nuevo dueño de los terrenos muy parecido al proyectado con los propietarios iniciales de Metalinas.

El nuevo convenio de fecha 26 de marzo de 2001 ya recoge algunas de las cifras que finalmente aparecerán en la Revisión del Plan General recientemente publicada. Finalmente serán 430 viviendas, la mitad de ellas protegidas.

En el verano del año siguiente 2002 se produce en Getafe un hecho que modifica sustancialmente la valoración de la edificabilidad de la vivienda libre. La nefasta gestión del Consorcio Urbanístico Getafe Norte, que gestiona Pedro Gómez -hombre designado por Jesús Neira- hace que el propio Ayuntamiento revierta al Consorcio la denominada parcela de uso dotacional de la «plaza de toros» en el consolidado barrio de Getafe Norte, y el ayuntamiento la recalifica para uso residencial.

El concurso convocado por esa entidad urbanística en la que participa el Ayuntamiento acaba en «pura subasta» a pesar de la Ley del Suelo y hace que la edificabilidad libre alcance en Getafe un valor cercano a las 200.000 pesetas con la consiguiente sorpresa de Jesús Neira que se había presentado al concurso junto a su socio José Luis García Quirós de Construcciones y Promociones García, SL. Las presiones del propio Neira y del Alcalde de Getafe para que la Comunidad aceptara las tesis de los socialistas de Getafe y el Consorcio adjudicase al ex-concejal de urbanismo se vio empañada por las denuncias públicas del «chanchullo» y «enriquecimiento rápido y fulgurante» de los exconcejales socilistas de Getafe y que acabaron con la querella de Neira en el Juzgado contra el editor y el director del periódico Observador.

La Comunidad de Madrid, con sumo «tacto» adjudicó a las ofertas más caras. Las plicas se abren en Julio de 2001. Ese verano y los inicios del otoño el negocio inmobiliario de Getafe salta hecho añicos. El precio de los pisos se incrementa un 25 por ciento en pocos meses y la edificabilidad libre supera las 200.000 pesetas. Algunos promotores pagan «la luna». En el Ayuntamiento no pierden baza. Y mueven ficha a nivel oficial.

El nuevo propietario de los terrenos de «metalinas», Francisco Castro Sainero, en representación de las sociedades Inmobiliaria Egido SA, Inmuebles de Pinto SA y San José de Valderas, SA presenta un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Getafe en el que solicita «la modificación de distintos aspectos del texto inicial del convenio». Insólito. El día 25 de noviembre, seis días después, el Delegado de Urbanismo, Francisco Hita, con un informe suscrito en tan breve plazo por el Adjunto Jefe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística hace una proposición a la Comisión de Gobierno sobre acuerdo "complementario al adoptado por la comisión de Gobierno de 8 de marzo de 2001".

En realidad lo que Francisco José Hita Gamarra denomina «complementario» modifica sustancialmente el primer convenio. Mantiene la edificabilidad en 47.759 m² en concordanacia con la ficha de características de la P.O.S. -02 recogida en la Revisión del Plan General. Permite y permite el uso comercial en planta baja hasta un máximo del 10 por ciento (477 m²).
Y como quién no quiere la cosa y "pasa de puntillas" sigue afirmando que el uso residencial será Residencial Colectivo Libre. ¡Han desaparecido las viviendas protegidas!

A cambio el promotor viene obligado por este cambio a construir a su cargo una escuela infantil de 915 m² en la parcela que designe el Ayuntamiento. Diversas fuentes consultadas por este periódico han estimado esa obra, dependiendo del proyecto, en unas 120.000 pesetas por metro cuadrado, lo que supone unos 654.000 euros (109 millones de las antiguas pesetas).
El valor de la recalificación en la fecha en la que se produce, la comisión de gobierno se reúne el 28 de noviembre, supone para el promotor unas plusvalías (descontando el valor de las viviendas protegidas al valor de la edificabilidad libre) cercanas a los 24 millones de euros (4.000 millones de pesetas).

El claro favor económico realizado por la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe, con gobierno PSOE-IU, al promotor pinteño no se entiende en los ambientes inmobiliarios de Getafe. Se ha producido una decisión política criticable social y jurídicamente, además de la minusvalías que se producen en el patrimonio municipal se impide que los jóvenes de Getafe accedan a las tan cacareadas viviendas protegidas de las que habla el alcalde de Getafe.

Por cierto, el alcalde Pedro Castro Vázquez se ausentó de la Comisión de Gobierno y no figura en el acta que asestó el «golpe»; sin embargo, el portavoz de IU, Gregorio Gordo Pradel, que también se ausentó, sí figura en el acta. Un poco más de baile y no quedan más que la secretaria y la interventora para aprobar el "arreglito".

Getafe Capital del Sur
Artículo escrito en Octubre de 2003

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Dos años después, Francisco José Hita Gamarra, el exconcejal delegado de urbanismo, ha constituido una empresa cuyo objeto social es la intermediación de terrenos; Antonio Alonso Herrero, exconcejal de Hacienda, tambén se dedica al mismo negocio.