El informe Aníbal

La decisión de la magistrada del Juzgado número 7 de Getafe, María de los Ángeles Velázquez Martín, de proseguir [a pesar del criterio de la fiscalía] con la instrucción del llamado caso aparcamientos de Getafe, está motivada, —sobre todo—, por el informe pericial del proceso administrativo sobre la concesión de obra sobre suelo público que efectuó Doña María Juana Martínez Aníbal-Álvarez, especialista en derecho administrativo, a mediados de este año de 2012.

El caso, visto desde fuera y con las informaciones que teníamos hasta el momento, parecía sujeto a las veleidades o parcialidades de la fiscalía en cada momento y al agobio del trabajo en los juzgados. Como la justicia anda siempre algo lenta y ambigua, nos hemos tenido que conformar, la mayoría de las veces, con el consuelo de la denuncia periodística. La ciudanía está harta de comprobar cómo los políticos, por regla general, salen indemnes de todo tipo de corruptelas y chanchullos que, con la excusa de la financiación irregular de los partidos políticos, solo ha servido la mayor parte de las veces para su lucro personal. Si la fiscalía ha intentado promover desde hace tiempo el archivo de la causa conocida como Caso Aparcamiento de Getafe, ha sido justamente por la ausencia de actuaciones dirigidas a esclarecer los hechos, por el escaso celo en la investigación o por la escandalosa parcialidad política de la justicia como ya acusó en su día el portavoz del Partido Popular cuando este era oposición en el Ayuntamiento de Getafe.

En parte, la “responsabilidad política” del éxito o fracaso de la causa habrá que adjudicársela a los anteriores responsables del Partido Popular a nivel local y, a nivel regional, a Salvador de Victoria Bolívar, entonces Presidente del Comité Jurídico del Partido Popular de Madrid y actual Consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno madrileño de Ignacio González. Si no hubiera sido por Victoria, difícilmente se habría dado el Caso Aparcamientos de Getafe. Se trata, casi, de un éxito personal en lo político y en lo jurídico.

Si prosiguen las diligencias previas, conste que aún son previas, todavía no se ha decidido la celebración de un juicio, con la declaración en el juzgado de la mayoría de los responsables de este desaguisado ha sido también por la actitud pulcra de la juez y por el informe de la experta en derecho administrativo. Desde luego, no por la fiscalía. Es probable que todo acabe en agua de borrajas. Que la previa acabe en nada y en su archivo; los imputados felices y los demás con un palmo de narices. Ni siquiera una reconvención, una bronca de aquí te espero, un veredicto puramente ético que no asegure la impunidad social de los que se han  aprovechado de la información privilegiada, de los que han organizado una red  para su provecho a cuenta de lo público, de los que han amparado la corruptela y el engaño, los que han hecho la vista gorda o de los que han propiciado con su ineptitud o falta de celo este tipo de desmanes. En todo caso, todo eso queda bajo la responsabilidad de la justicia. Los ciudadanos quedamos expectantes, obstinados contra el expolio de la clase política en las administraciones, y de los acuerdos bajo cuerda para dejar en el olvido determinadas actuaciones. Hoy por ti, mañana por mí. Es la sombra que no cesa: el desprestigio del sistema, de la clase política y de la judicial. La España del siglo XXI empieza a parecerse a la España del siglo XIX.

Del informe de María Juana Martínez Aníbal-Álvarez se deducen un buen número de irregularidades, todas ellas administrativas pero que podrían derivan hacia presuntas responsabilidades penales, presuntas mientras la juez no dicte sentencia. Es, además de una trama de corrupción orquestada desde la chapuza y la ignorancia, una tropelía santificada por el acuerdo de la Junta de Gobierno. Aunque ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe que modificaron las condiciones y tomaron decisiones con respecto a la concesión de los Aparcamiento  supieran que el marido de la Concejala de Obras y sus padres eran miembros de los consejos rectores de las cooperativas adjudicatarias, no quita un ápice de su responsabilidad. Las decisiones de la Junta de Gobierno y de la Mesa de Contratación, salvo voto expreso en contra —que ningún cargo electo hizo y que solo tuvo algunas objeciones de Intervención y Secretaría— son solidarias; es responsabilidad de todos los integrantes del órgano de gobierno.

Si mantenemos algunas dudas son, precisamente, porqué no están citados todos los miembros de la Junta de Gobierno que aprobó las concesiones? ¿Por qué no está imputada, al igual que el resto la actual Secretaria General del PSOE? ¿Por qué o quién ha librado a Sara Hernández de la imputación que debe recaer sobre la totalidad de  la Junta de Gobierno Local? Ah,... misterios por resolver. Es probable que los que estuvieron al frente de este arreón del PP, en especial José Luis Vicente Palencia, contra el entonces alcalde, Pedro Castro, creyeran que podían salvar a Sara por ser más provechoso para sus propósitos, o porque era el eslabón más débil políticamente; o que se olvidaran intencionadamente que la responsabilidad es de la totalidad de la Junta de Gobierno, que para el resultado es lo mismo. Y más, si se confirma como ha dicho el mismo Pedro Castro, que la Junta de Gobierno que adjudicó las concesiones a las cooperativas del marido de la concejala de obras estaba presidida por la actual “líder” del PSOE; todo el mundo sabe que  el “viejo” siempre se tomaba las vacaciones en julio. Ello no quita que conociera y respaldase “el Plan Municipal de Aparcamientos”. Pero, pensamos, ¿habrá un acta con los presentes y con la deliberación? ¿O no?

Lo cierto es que ahora, con el PP en el gobierno municipal, tampoco se pide que se incluya a Sara Hernández en la causa ni se pide oficialmente que dimita con al resto de imputados; ni a ella ni a Silvia Uyarra, como presidenta de la Mesa de Contratación. ¿Tiene el actual gobierno municipal un doble rasero para la exigencia de responsabilidades de los implicados en el caso? ¿Viene mejor tener enfrente a la débil y oscura [políticamente] Sara Hernández antes que al viejo [en edad] pero inextinguible Pedro Castro?

Nunca habíamos leído un informe “oficial” tan preciso que haya radiografiado, diseccionado en profundidad, con un caso concreto y real, el deterioro administrativo y político en las postrimerías del gobierno municipal de Pedro Castro, acosado y agobiado por todo tipo de agregados y listillos y pelotas y chupópteros. Lo cual no le quita responsabilidad, política al menos. Ni a Sara Hernández, ni a José Manuel Vázquez Sacristán, ni a David Castro, etc. Si Cristina engañó a sus compañeros de partido y gobierno, o no les dijo nada, no están exentos de responsabilidad, ni se puede alegar ignorancia A la responsabilidad colectiva y solidaria del órgano de gobierno, habrá que resaltar la que merezca personalmente la exconcejala de obras, Cristina González, quien aseguró conocer que su marido y sus padres estaban en la cooperativa adjudicataria por la prensa. Hay que tener la cara muy dura. No hay ninguna duda de su condena, al menos moral y ética.

Si una decisión administrativa beneficia a unas personas físicas o jurídicas y perjudica a otras, a sabiendas de las consecuencias y de su perversidad, el delito parece claro. No hace falta ser un experto en derecho; si los beneficiarios son familiares afectados por la incompatibilidad y otros, que aún no siéndolo legalmente, como el padre y la madre, no debieron ser parte de una trama que solo merece la repulsa social y la condena moral, la cosa parece evidente. Si todo ello se enmarca en una lerda trama u operación para apropiarse ilegalmente de un negocio, sea cual sea el resultado del concurso,  santificando el chanchullo en varios ámbitos, pasando por encima de la ley, obviando los reglamentos que la regulan, las incompatibilidades, sin temor alguno a prevaricar [presuntamente todo ello, claro], a facilitar el tráfico de influencias,  al silencio cómplice de técnicos, y tararí, tararí, que te vi.

El informe da un repaso a toda la chapuza administrativa y política de la concesión de obras de los Aparcamientos sobre suelo público a lo largo de 55 páginas. Es muy duro. Y no deja títere con cabeza; y nos tendrá que disculpar el lector por usar esa expresión para aplicarla a la ignorante concejala de obras, que no sabía que sus padres y su marido pertenecían a los consejos rectores de la cooperativa; a su marido el cooperativista y empresario individual dedicado  al alquiler de naves, a la gestión inmobiliaria y a la administración de fincas; a sus padres, también cooperativistas, que nunca debieron implicarse para “ayudar” a su niña; a la empresa Roblepark, instrumento necesario del negocio y pésimo gestor, que cobró la gestión sin hacer su trabajo;  al exalcalde y todos los ediles que fueron miembros de la Junta de Gobierno Local y de la mesa de contratación; el letrado municipal que ni siquiera va a lo que tiene que ir; a los técnicos que han amparado con su justificación la posibilidad de truncar las concesiones, etc… ¿Todos títeres? Al menos parece que hubo ciertas advertencias tanto de la intervención como de la Secretaría. Eso disculpa en parte a esos técnicos pero condena aún más a los que tomaron la decisión. ¿Cómo se llama eso de hacerlo mal a sabiendas de que está mal?

Los contratos  de concesión de obras públicas adjudicados por el Ayuntamiento de Getafe en el año 2007 tienen la calificación de contratos administrativos típicos cuyo objeto consistía en la redacción de los proyectos, la construcción de las obras y la explotación de los aparcamientos subterráneos. Como ya dijimos en el anterior artículo dedicado al Plan Municipal de Aparcamientos, el Ayuntamiento, a través de la empresa pública GISA, que presidía David Castro, encargó a la empresa Roblepark, S.L. un estudio sobre la demanda y viabilidad de aparcamientos subterráneos en la ciudad bajo suelo público. De ahí surgió la posibilidad del negocio. Se prepararon los pliegos para que la adjudicación fuera fácil. Se aunaban las expectativas de las “cooperativas controladas” y la información privilegiada que tenía Roblepark, S.L. por la cual, además, había cobrado de GISA. ¿Una o dos veces?

Al concurso se presentaron las “cooperativas controladas” y otras empresas. Las cooperativas solucionaron la exigencia de la solvencia técnica, económica y financiera con un folio; como quien hace la cuenta la vieja. Tanto por cuanto, tal.   Las concesiones de obra fueron adjudicadas a las cooperativas a pesar de las deficiencias de la documentación presentada. El letrado municipal no fue. ¿Para qué? La falta de gente de confianza para este tipo de “pelotazos” hizo que al final, para controlar a la cooperativa que iba a hacer más garajes, Jilguero S. Coop. se tuviera que constituir con el esposo y los padres de la concejal de obras. ¡Qué mal está el PSOE de militantes! ¡Qué escasa de amiguetes estaba la edil! Una vez adjudicada, se modificaron las condiciones de la concesión en cuanto a la ampliación de las zonas de influencia de los garajes, aumentando el precio de las plazas y prorrogando en un cincuenta por ciento más el plazo de la concesión. ¡Eso es trampa! ¿A qué otra conclusión pueden  llegar las otras empresas que se presentaron al concurso? Los técnicos no veían ningún problema, salvo las advertencias de Intervención y Secretaría ya citadas. Eso las salva de la quema. Cuando falta dinero se le pide al ayuntamiento que avale,  intentando sortear el lógico riesgo que existe en cualquier negocio, y este lo era.

En resumen, yo me lo guiso y yo me lo como. Debajo de las plazas y espacios públicos, en el subsuelo, al igual que en algunos desarrollos urbanísticos los ediles socialistas seguían con las tesis marxista. La tierra, o el hueco que hacemos en ella, para el que se la trabaja.

Para no aburrir al lector, teniendo que seguir el guión además del informe de la técnica de la Comunidad de Madrid, hemos preferido “colgarlo” para que el lector, inteligente o desconfiado, pueda digerirlo por su cuenta. Sin los comentarios ácidos que me provocan estas porquerías del menú político.


María Juana Martínez Aníbal-Álvarez

El informe pericial está firmado por María Juana Martínez Aníbal-Álvarez. Esta funcionaria especialista en derecho administrativo, habilitada nacional, es Vocal del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, según acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2011 publicado en el BOCM.

Desciende de una familia de relevantes artistas. Es tataranieta del escultor cordobés José Álvarez Cubero, autor de obras como “Ganímedes”, en la Escuela de San Fernando, o “Isabel de Braganza”, en el Museo del Prado; es biznieta de Aníbal Álvarez Bouquel, gran teórico de la Arquitectura, que proyectó algunos de sus mejores edificios en Madrid (Salón de Sesiones del Senado o el Palacio de Gaviria en la calle Arenal) y que en 1846 publicó el libro: "Teoría del arte arquitectónico"; María Juana es nieta igualmente del arquitecto, y catedrático la Escuela de Arquitectura de Madrid,  Manuel Aníbal Álvarez-Amoroso que intervino en las obras del Banco España entre 1882 y 1891 y proyectó, entre otros edificios, el Colegio del Pilar de Madrid y el Museo Numantino de Soria.

Así son los artistas: se van cambiando los apellidos por los nombres y mueven los guiones hacia donde les parece. Tan pronto el primero se llama José Cubero como que su hijo pasa a ser Aníbal Álvarez y, luego, el siguiente, Aníbal Álvarez-Amoroso y, después, Martínez Aníbal-Álvarez. ¡Cualquiera se aclara con el árbol genealógico de esta familia!


Ver o descargar  Informe Aníbal

Ver o descargar Adjudicación Junta de Gobierno 


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Fotografía de María Juana Martínez Aníbal-Álvarez. Fototeca de Enrique Alcalá Ortiz, Cronista Oficial de Priego (Córdoba).