El padrón y los extranjeros

Coincidiendo con las vacaciones de Navidad, mi hijo invitó a comer a uno de sus compañeros del equipo de baloncesto en el que milita, el Getafe Beta. El muchacho estudia secundaria en un instituto de la Avenida de las Ciudades, frente al barrio de las Margaritas, al que da nombre ese literato precursor de la generación del 98, el escritor raro de Getafe.., instituto mítico en el municipio por su trayectoria y profesorado. No desvelaremos su nombre [el del muchacho] ni la clase a la que hacemos referencia para no personalizar situaciones que se vienen produciendo de manera habitual en la mayoría de los colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid; y no es Getafe, ni mucho menos, el municipio más afectado aunque tenga zonas tan deterioradas como el que más.

La pregunta sobre las notas, acabado el primer trimestre, parecía obligada. Sobre todo, sabiendo que la mayoría de los entrenadores de estos equipos formados por escolares, aunque federados, manifiestan la necesidad de conjugar los estudios con el deporte. Iván, llamémosle así, había suspendido una asignatura y la recuperó en el examen previo a las fiestas navideñas.

-¿Y tus compañeros de clase, qué tal?, -indagué, interesándome por los resultados académicos del resto de los chicos suponiendo que estarían casi todos en el mismo instituto.

-Mal, en mi clase todos han suspendido cuatro o cinco asignaturas; lengua, mates, biología, historia…

- … todos tus compañeros… ¿han suspendido? Pero,… ¿ las habrán recuperado, no?

- No, que va… Bueno, del equipo no hay nadie conmigo. De los veinte de mi clase, yo soy el único español… La mitad no saben ni español. Eso es un desastre. Si Rodri quisiera venirse conmigo, ya seríamos dos españoles... -sugiere Iván con cierta inocencia.  Rodri estudia en un colegio privado de Getafe. No me parece que esté la cosa como para incrementar en un cien por cien el exiguo porcentaje de estudiantes nacionales.

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Esta anécdota, verídica, salvo el nombre de los chicos, viene a reflejar una de las muchas situaciones que se han generando con los inmigrantes asentados, o no, en España. Mientras los políticos se enzarzan en discusiones más o menos legalistas, jurídicas o políticas sobre las consecuencias del padrón y sus incongruencias o concordancias con la Ley de Extranjería, a ras de calle los ciudadanos sufren las consecuencias de la gestión pública para la integración de los extranjeros en España, la mayoría de las veces inexistente. Casi siempre se deja que el problema, nacido ya, camine solo, se desarrolle, engorde y, generalmente, explote.

No se trata de xenofobia, el odio u hostilidad hacia el extranjero, aunque la ausencia de políticas acertadas y la escasez de recursos públicos puedan desembocar en un futuro plagado de brotes [presuntamente] nacionalistas y propuestas cada vez más agresivas y beligerantes contra los inmigrantes. Una situación que es preciso evitar con generosidad y con claridad; lo contrario afectará de manera adversa, casi de manera fatal, a la ciudadanía en general, a los de “aquí” y a los de “allí”.

Parece innecesario decir que todas las personas, sea cual sea su situación burocrática, han de tener garantizado el acceso a determinados servicios básicos como la sanidad, los servicios sociales o la educación. También, parece lógico, que la sociedad y el estado en sus distintos niveles, pueda exigirles –al igual que hace con el resto de los ciudadanos-, su sometimiento a las leyes y una cierta adecuación a las costumbres. Ello no significa que tengan que renunciar a sus principios culturales o religiosos. De ahí la propuesta de una especie del carné por puntos para inmigrantes. Hay que hacer un esfuerzo por convencer a “nativos” y “foráneos” que la gente es de “donde pace, no de donde nace”, aunque para la mayoría esta cuestión sea ridícula. Unos, los que llegaron de Extremadura o Andalucía, se sienten aún, en su corazoncito, de allí, a pesar de llevar comiendo aquí desde hace más de cuarenta años, y a pesar de que sus hijos y sus nietos han nacido aquí, … y los otros, los que han llegado –como los primeros para trabajar- desde Ecuador, Colombia, Rumanía o Bulgaria, igual, malviven y trabajan añorando una tierra y un pasado que no ha podido ofrecerles lo más básico.

Parece legítimo que algunos, o muchos inmigrantes, quieran regresar a “su” tierra de origen, pero lo lógico es que la situación que motivó su traslado no tenga una solución tan rápida como habían planificado y acaben aquí, asentados como cualquier extremeño, o marginados en “pisos patera” y “barrios gueto”. Cada día hay más inmigrantes que han tomado la decisión de “ser” de aquí. Quieren –como los españoles- comprarse un piso [y de hecho lo compran], quieren que sus hijos tengan la mejor educación posible, quieren una sanidad pública eficiente, quieren que las calles estén limpias y aspiran, incluso, a participar en política. Suponemos que para contribuir con su aportación a la solución de los problemas de la sociedad en general.

El deterioro de servicios básicos como la sanidad y la educación son el problema más urgente que han de valorar y solucionar nuestros representantes políticos. Y no si la Ley de Extranjería debe expulsar del país a los "ilegales" mientras el padrón municipal asegura que viven en ese mismo país. Quién duda que los hijos de los inmigrantes, lo mismo que los de los españoles, deben estar escolarizados en lugar de abandonarlos a su suerte y, a consecuencia de ello, que vaguen por las calles sin ocupación, ni interés por encontrarla.

Eso que parece tan claro, tan diáfano, no debe implicar ni significar que una generación de españoles pierda su oportunidad, la ocasión de formarse adecuadamente a causa del escaso nivel educativo que se aplica en las aulas de los colegios públicos, originado sobre todo por el desequilibrio formativo y multicultural de los alumnos. Más parece, con respecto a la anécdota del principio, que por ser particular no es excepcional, que de seguir así las cosas, puede que sea el único español el que tenga que integrarse en la cultura o costumbres del resto de sus condiscípulos. O, dicho de otra manera, es como si un alumno  de cuarto de la ESO cursa sus estudios en un aula de cuarto oquinto de primaria; y con suerte. El esfuerzo por igualar el nivel que se le requerirá en la universidad, cuando la educación deje de ser obligatoria, será tan grande que, probablemente, su carrera educativa finalice ahí mismo, justo cuando acaba lo imprescindible. No es suficiente.

No resulta ningún disparate plantear dos, incluso tres, velocidades educativas. La normal, y no queremos asimilar o identificar la normalidad con mediocridad, sino la que se debe exigir en un país que aspira a estar entre los más adelantados y prósperos.. Y la de segundo nivel, el de la integración educativa para inmigrantes. No se trata de hacer guetos; de hecho muchas aulas ya funcionan como tales, ni de hacer ciudadanos de segunda. Es a este segundo escalón al que se debe aplicar un extra de integración social y cultural. Se trata de impedir que una generación de españoles acabe irremediablemente con menos conocimientos o cultura general que sus padres.

Con la situación actual, más pronunciada en barrios como la Alhóndiga, Las Margaritas o Juan de la Cierva, donde la población inmigrante ha sobrepasado porcentajes del veinticinco por ciento del total y su prole es mayoría absoluta en zonas con una población local muy envejecida (también en su día inmigrantes), es importante que las distintas administraciones se esfuercen en afrontar un problema que derivará, si no se remedia, en conflictos, marginalidad y violencia. Los beneficiados son, como casi siempre, y por culpa de la ineptitud o dejadez de los gestores políticos, los pocos que disponen de recursos económicos suficientes para huir de la quema y acceder a la educación privada. No vayamos a pensar que el nivel de esta enseñanza es el idóneo y se corresponde con el esfuerzo económico que realizan los padres, pero al menos no se retrocede; y encima es un privilegio. ¡Que horror!

No pienso que vaya a ser especialmente caro ni complicado planificar los distintos niveles educativos en función de la base cultural de los alumnos, de su conocimiento del idioma, etc.. De hecho, ya se hace cuando se realizan las pruebas de aptitud a los alumnos que quieren acceder a los institutos bilingües. Sólo pasan a ese grado los que demuestran una sólida base en inglés. Lo contrario ralentiza y obstaculiza la marcha del resto de alumnos. No se trata de impedir la igualdad de oportunidades sino, por el contrario, de mantenerla, de reforzarla, que no se pierda la oportunidad, en muchos casos la única que tendrán miles de jóvenes para no perder el tren del futuro.

Lo que parece fácil o sencillo en educación, resulta complicado en servicios como la sanidad ya de por sí saturados o masificados y en los que parece difícil, y posiblemente injusto, exento de piedad o solidaridad, como se prefiera, establecer una doble vía. Si la mujer ha de parir o se necesita una operación, si se tienen que recetar medicinas necesarias, no hay forma de eludir su atención ni la obligación de prestar un servicio de calidad, independientemente de la posesión de papeles o de la integración en el sistema de la seguridad social. El futuro marcará otro problema, y será que la escasez de recursos económicos obligue a “moros y a cristianos” a pagar determinados servicios; de lo contrario, algún día no tendremos sanidad pública, mientras la privada –basada en un modelo de negocio y alejado del concepto de "seguridad social"-, gana terreno, medios y adeptos.

El paro, en épocas de crisis o recesión, suele ser la mayor justificación para la xenofobia. Mientras los españoles no han querido –para qué vamos a llamarle de otra manera- realizar determinados trabajos, duros y mal pagados, ha sido necesaria y bien acogida la presencia de trabajadores inmigrantes. Cuando las cosan van mal y se alargan las colas del desempleo, surge de manera inevitable el fantasma de la desconfianza, el recelo y la hostilidad contra los trabajadores extranjeros. Resulta triste, y difícil de calificar, que se resuelva el problema adjudicando la responsabilidad al que tiene, no los mismos, sino mayores problemas; de condiciones y estabilidad laboral.

De estos polvos, podríamos resbalar en futuros lodos. Hace unos pocos años, se hablaba del deterioro del sistema de pensiones a causa del envejecimiento de la población española. La llegada de inmigrantes y jóvenes trabajadores extranjeros suavizó la curva declinante del futuro de las pensiones. Sin embargo, la crisis, y las consecuencias de la inadaptación cultural o social de los trabajadores extranjeros podría provocar un nuevo éxodo con el regreso hacia sus países de origen. Esta vez en un movimiento centrífugo.

Nadie se atreve a prever las consecuencias económicas de ese retorno. Ya hay voces [por ejemplo el ex ministro Rodrigo Rato y nuevo “imperator” de Cajamadrid] que anuncian el colapso de la seguridad social en un plazo muy reducido. De la misma manera que, unos y otros, debemos tener garantizada la educación o la sanidad, ¿estarán garantizadas las pensiones o los servicios necesarios en una sociedad envejecida? ¿Se volverán a producir, con nuevas nacionalidades, movimientos migratorios, que solventen la necesidad de una mano de obra “más barata”, como una especie de ósmosis humana que atraviesa las fronteras en función de la acidez o alcalinidad de la economía, que se mueve de un lado a otro de la línea que divide a países pobres y ricos?

Hay que dejar de discutir sobre el padrón municipal y abordar los problemas reales. Los políticos parece que están siempre tirándose los trastos a la cabeza, a ver si captan nuestra simpatía y para ello –valga la metáfora- no dejan de escupir, como el tonto, a los aviones que pasan. Hay que arremangarse con problemas como, no el futuro, la oscura realidad educativa que se va imponiendo en la aulas de las grandes ciudades; la masificación sanitaria que padecemos y que se incrementa cada día más; el urbanismo depredativo y corrupto que promueve incesantemente nuevos desarrollos para lucrarse del valor del suelo [sobre todo la administración] y deja a los barrios de los centros urbanos cada vez más envejecidos y deteriorados, convirtiéndolos en guetos, reductos donde solo los inmigrantes acceden a esas viviendas, la mayoría demasiado antiguas y demasiado pequeñas, incluso inadecuadas; la apatía social de los hijos de inmigrantes; la escasez de recursos para animación e integración cultural, deportiva y juvenil en esos mismos barrios; etc. A lo mejor hay que derogar la Ley de Extranjería y sustituirla por una Ley de Convivencia. El extranjero ha de sentirse de aquí, como si estuviera en casa, si no español, al menos getafense o madrileño. Y si no se cumple la norma, pues adiós. Pero de verdad, que no los escondan bajo la alfombra mullida de los discursos políticos, donde cabe todo. Ni nos olviden; a ellos y a nosotros.