Getafe repite curso urbanístico

El ayuntamiento de Getafe es como el niño malo que, no habiendo aprovechado el curso escolar, engaña a sus padres y les dice que ha "aprobado con nota" para asegurarse unas buenas vacaciones. Getafe ha suspendido el curso.

En junio (dos días antes de las elecciones de mayo, la Comunidad de Madrid "aprobó" el Plan General de Ordenación Urbana de Getafe de forma ligera y precipitada, pendiente de subsanar numerosas irregularidades, -como, por ejemplo, no cumplir la Ley del Suelo-); y en septiembre, con los deberes sin hacer, Getafe se vuelve a presentar a examen, de nuevo en busca de la ayuda del "amigo Gallardón" (otra vez dos días antes de las elecciones y con un Consejo de Gobierno muy, muy, muy en funciones, le tiene que dar calabazas con una aprobación que ordena la publicación (13 de octubre) que riza el rizo de publicar lo que se tiene que publicar, pero sin aprobar...¿se entiende?).

Getafe ha vuelto a suspender, claro. Este niño tiene una cara muy dura; el resto es una farsa. El pasado día 11 de diciembre se publicaban las normas urbanísticas para que lo aprobado del plan «entrase en vigor» .

El Plan General de Ordenación Urbana de Getafe (PGOU) está aplazado en los sectores más importantes (El Rosón, Los Molinos, Buenavista y Perales del Río) según lo publicado por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con fecha 11 de diciembre .

Getafe repite curso. Y deberíamos dotarnos, en base al interés general de los ciudadanos, del debate y la crítica que tan poco gusta, debate que se nos pretende hurtar con burdas y viles descalificaciones de políticos fracasados.

La revisión del PGOU ha profundizado en la arbitrariedad y la injusticia cuando asigna distintas edificabilidades en un mismo área en función del propietario, distintos modelos de gestión, decisión que se provoca no por la voluntad, la ignorancia o el capricho de quien la adopta, no en función del interés general, sino en función del propietario del suelo, precisamente en base a la esencia misma de la arbitrariedad y la especulación. Incluso ocultando los verdaderos propietarios para no mostrar sospechas ante la Administración superior.

Exigir a la Administración, a los que forman o han formado parte de ella, que den cuenta de sus actos, que clarifiquen las razones que les mueven a elegir una solución o tomar una decisión y no otras, y confrontar esas razones con la realidad para ver su consistencia, puede y debe interesar a todos los ciudadanos: "Juzgar a la Administración es una garantía, y una garantía esencial en un Estado de Derecho, que sin ello no podría siquiera merecer tal nombre, razón por la cual la Constitución no sólo la otorga a todos sin excepción alguna, ni personal, ni objetiva, sino que la asegura a ultranza en todo caso poniendo a su servicio, incluso, el amparo constitucional"
Muchos ciudadanos exigimos que se expliquen las razones que llevan a la Administración, por ejemplo, a cambiar más de 20.000 metros cuadrados edificables a cambio de una escuela infantil de 900 (la Comisión de Gobierno sabe por el concurso de Getafe Norte que el metro cuadrado de vivienda libre en Getafe costaba en esos momentos más de 1.000 euros; la construcción en torno a 700 euros. ¿El que era edil de urbanismo sabe matemáticas básicas? ¿20.000x1.000 = 900x700?
Por ejemplo, a conocer las razones del desarrollo «Tordesillanos» en el que se cambian unos terrenos ocupados desde hace tiempo por el Ayuntamiento para campitos de fútbol en Perales del Río y de los que nadie se había preocupado hasta que se adquieren por determinadas empresas. Y es, precisamente entonces, cuando el Ayuntamiento aprueba "in extremis" el "convenio" en el que se le asigna una edificabilidad residencial junto a El Bercial para beneficio de los mismos particulares de siempre, y con unas plusvalías que pueden superar los 18 millones de euros (¿han vendido a otra empresa antes de la aprobación por el Pleno del convenio?) uy, uy...
Por ejemplo, se debe explicar la razón por la que en El Rosón, donde se proyectan 2.750 viviendas (la mitad de El Bercial) no se destina reserva alguna de viviendas protegidas contra el 80% que se impone en otros sectores.
¿Por qué el coste de los puentes previstos entre El Bercial y el Rosón no es sufragado igualmente y en proporción a los beneficios generados por El Rosón? Se debe explicar la razón de ubicar unos puentes que cuestan más de 12 millones de euros y que, cuando se cumpla el sueño del alcalde de enterrar la N-401, habrá que tirar a la basura? ¿Tendrá que ver con la expropiación de alguna industria del Polígono El Rosón que se resiste a pactar con los de siempre?
La motivación de todas estas decisiones puede ser la diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario. Si no hay motivos que beneficien el interés general, la decisión o decisiones se habrán basado en la "voluntad" de quienes la adoptan o en el poder personal de aquellos que representan la administración de los vecinos, apoyo insuficiente en un Estado de Derecho.

La conclusión más evidente es que el alcalde, el anterior edil de Urbanismo y los Servicios Técnicos Municipales han sido incapaces de aprobar el Plan General en cuanto a lo que más le preocupa a los vecinos: la vivienda. Y hay que recordar que el Ayuntamiento destinó unas buenas "pagas extras" a los técnicos y funcionarios para "intentar aprobar" esta asignatura.
Pero el curso del anterior concejal de Urbanismo sólo pasará a la historia local por haber aumentado la tradicional "limitación de alturas" de los edificios y que, en algún caso, en el casco urbano, ha pasado de tres o cuatro a nueve.

"Valgan las reflexiones para acreditar que la discrecionalidad del planeamiento tiene límites y que, por tanto, cabe enjuiciar las decisiones adoptadas que en muchos casos no parten de la necesidad de resolver problemas de interés general, sino que, en su mayoría, se crean artificialmente para que, con ella, se produzca el escandaloso enriquecimiento de particulares. Y con absoluto desprecio del interés público."

En la fotografía: Francisco J. Hita Gamarra, ex concejal del urbanismo
Artículo publicado en la revista Observador
Getafe (Madrid), diciembre de 2003

Poner la zorra a cuidar las gallinas

Nunca digas nunca jamás. Será mentira. Lo contrario sería darle la razón, sin tenerla, al primer edil de nuestra ciudad. Ante la campaña desatada por Castro con su "Nunca más" al sistema de gestión de El Bercial tenemos que reclamar la atención no sólo de la máxima autoridad sino del resto de vecinos. El Bercial no es el Prestige, todo lo contrario; la Junta de Compensación de El Bercial es fruto del consenso social y político. Y técnico: es preciso subrayar que toda Junta de Compensación está "tutelada" por el Ayuntamiento y que todos los trámites administrativos y de planeamiento tienen su correspondiente aprobación en el Ayuntamiento de Getafe. Así, cuando se entreguen las únicas viviendas protegidas que se acabarán en esta legislatura (Bercial y Perales del Río) tendremos que felicitarnos todos: los políticos, los técnicos, las cooperativas y los vecinos.

El "nunca mais" de los gallegos, en boca del alcalde y de sus socios de Izquierda Unidad para desprestigiar un buen sistema (que ha funcionado muy bien para las cooperativas de viviendas y para los vecinos) suena a cachondeo; a querer resucitar muertos urbanísticos que faciliten el "populismo" de corto plazo y que como la deuda pública vence; y antes de que termine la legislatura.

Este debate, que se produce en las alturas políticas (y técnicas) del Ayuntamiento de Getafe, se vive en el pueblo con desconcierto. Mientras el Boletín Municipal dice que las Viviendas de Los Molinos y Sector 3 son ya una realidad, que el Plan General bendice los nuevos barrios, el concejal de Urbanismo sale en Telemadrid y dice que el Plan General no está aprobado. ¡A ver si se ponen de acuerdo!; desde fuera, el ayuntamiento de Getafe genera la sensación de desgobierno, de falta de rumbo, de tapar temas con proyectos caducos, de acumular mentiras,
....

El Alcalde, en un intento de gobernar la crisis, advierte a los vecinos del riesgo que cometen algunos ciudadanos al ingresar dinero en las cooperativas para los nuevos barrios sin especificar que hay cooperativas y "cooperativas". Que, al margen de esas importantes comillas, el alcalde sabe que el objeto social de las cooperativas (figura del ordenamiento económico-legal muy importante a nivel nacional y sobre todo local) es la de promover viviendas para sus socios. Y no hay manera mejor de hacerlo que adquiriendo terreno: y para ello hay que poner dinero. No hay otra forma.

Otra cosa es quién forma parte de la cooperativa, cuáles son sus objetivos transparentes y quién la gestiona. Nuestro alcalde no habla claro. Hay que decir que no se puede poner a la zorra a guardar las gallinas. Y eso es lo que pasa. Si el nuevo gestor de cooperativas es PSG, siglas de Propietarios de Suelo de Getafe (empresa en la que participa un conocido intermediario de terrenos), si en los consejos rectores hay familiares directos de propietarios de suelo, familiares de concejales..., todo el mundo entenderá que se trata de un ardid, una estrategia que busca subir el precio del suelo y llevarse las comisiones, quedarse con el trabajo de las empresas gestoras y ... desacreditar un sector con unos resultados impecables en Getafe. Pobres gallinas...

Pero el alcalde, metido en faena –como en sus tiempos mozos- se suelta la melena, y le dice a Esperanza Aguirre que quiere hacer los nuevos barrios por el sistema de expropiación y para ello propone que sea el Consorcio Getafe Norte el que los desarrolle. Y piensa en utilizar las plusvalías generadas a costa de los vecinos de este barrio para expropiar los Molinos y Buenavista. Lamentable. Esas plusvalías deben utilizarse en beneficio de los propios vecinos. Getafe norte es un barrio que necesita bastantes equipamientos sociales. Esas plusvalías también se podrían utilizar para pagar parte del puente que unirá Carrefour con El Corte Inglés, en vez de pagarlo con dinero público del resto de getafenses.

El Consorcio Getafe Norte no puede ser ejemplo de nada. De nada. Es el responsable de la subida del precio de las viviendas con el último concurso (más bien subasta, en contra de la Ley) de "la plaza de toros" donde en un solar dotacional se ubicarán 200 nuevas viviendas no previstas en el Plan Parcial.

El Consorcio Getafe Norte aún cuenta con flecos legales y económicos importantes con Hacienda, con promotores y vecinos del barrio. Por no haber hecho, ni siquiera ha pagado aún a algunos propietarios que ganaron en los tribunales un justiprecio superior a las 8.000 pesetas metro. Genial. Seguiremos pagando intereses.

Los Consorcios Urbanísticos han sido denunciados públicamente por promotores y gestores como "ventanillas" políticas en las que se pedían "entre 500.000 y 600.000 de las antiguas pesetas por vivienda". Sin comentarios.

Y por último, como el alcalde no se entera, tendremos que decirlo. El Consorcio Getafe Norte (al igual que el de Leganés Norte) estaba gestionado por Pedro Gómez Blázquez, dicen que amigo de Leguina y al que Gallardón dejó hacer. El alcalde de Getafe y la Comunidad de Madrid deben saber que este señor está implicado directamente en empresas que se dedican a gestionar viviendas, urbanizar, etc.. Pedro Gómez puede presumir de ser más listo, incluso, que el otro. Participa como administrador en diez empresas, de las cuales 8 tienen por objeto el negocio inmobiliario; y una UTE (también inmobiliaria). El capital social de las empresas inmobiliarias en las que participa es de 6.244.499 euros. La mayor parte de ellas constituidas entre mayo de 2002 y septiembre de 2003. Con conocidos socios en Getafe y Leganés (incluso algunos han recibido adjudicaciones de los consorcios... ). Alucinante. ¿Otra zorra guardando las gallinas?
Nuestro alcalde, como un viejo luchador, ha perdido el sentido de la orientación y del equilibrio, intentando imponer su opinión sólo con el aval de una dilatada carrera. Que no es poco, pero que necesita como todo en la vida, la tranquilidad y el sosiego de etapas nuevas y diferentes. Podría llegar el momento de que se produzca un relevo generacional, necesario para él que podría ocupar otras responsabilidades de "mayor altura", incluso la de defender los intereses de la zona sur madrileña en la Europa de las Regiones. Getafe, ya, necesita otro alcalde.

Artículo publicado en la revista Observador
Getafe (Madrid), diciembre de 2003

Lápiz y borra

En los partidos marxistas se tenía como sofisma suficientemente contrastado: si «quieres que algo no funcione, nombra una comisión». Y, eso, efectivamente es lo que ha sucedido. La «comisión de investigación» creada por el Ayuntamiento de Getafe ha sido una cortina de humo basada en el «4 valen más que 3» para alejar las acusaciones de información privilegiada y enriquecimiento basado en el urbanismo de Getafe de algunos ex concejales socialistas.

El que IU y PSOE concluyan que las personas que han estado al frente de responsabilidades municipales, que han votado el Plan General y que, a costa de ese instrumento, se han enriquecido, son «personas honorables que han dado su vida por este municipio» constituye simplemente una tarjeta de visita sin fundamento, sin respaldo; una etiqueta vacía de ideología. Como el que se lava las manos sólo con agua y, aún después, le huelen a sucio. Pero no queremos abundar en esa estrategia del «punto final» a determinados desmanes y escándalos. Lo que tenga que ser, será.

Dado que las prácticas denunciadas por la prensa no pueden ejercitarse sin el respaldo de la institución política y de los Servicios Técnicos municipales, habría que entrar a diseccionar y subir hasta el mismo «corazón del mostruo». De la abundante verborrea del máximo mandatario hasta las decisiones de la comisión de Gobierno, pasando por el mantel donde come el concejal de Urbanismo (éste nuevo o el que acaba de irse, qué más da; son comparsas, meras fachadas de un conjunto organizado), se desprende la engañosa política que preconizan estos socialistas de Getafe. Sobre todo, en lo relativo a la vivienda protegida.

No se nos podrá criticar por cuestionar determinadas prácticas que nos parecen inmorales; algunas pueden ser legales, pero no correctas. La ciudad es de todos (no existe la figura del director de colegio que nos pueda expulsar; hacerse mayores también tiene cosas buenas). Y por tanto, es cuestionble una o todas las decisiones, ya sean de carácter urbanístico, social o cultural. No parece legitimizado democráticamente un Plan General de Ordenación Urbana (1995) diseñado por un delegado de Urbanismo que ha funcionado a golpe de «modificaciones puntuales» y, curiosamente, en casi todas las modificaciones aparece la mano de los mismos ex concejales. Desde ahí que disentir en la necesidad, racionalidad o motivación de algunas actuaciones (como suprimir la trama industrial encajada en el casco y que convive pacíficamente con el entorno).

Mientras los jóvenes de Getafe no pueden acceder a una vivienda protegida, las decisiones tomadas en las modificaciones puntuales y la revisión del Plan General de Ordenación Urbana pendiente de publicar, van en una dirección: beneficiar a las empresas que controlan determinados desarrollos ( y en esos, «el que parte el bacalao» es Neira) en los que se venden viviendas a 60 o 70 millones.

Hay que hacer mención de los Servicios Técnicos Municipales, pues sin su criterio y discrecionalidad, el urbanismo de Getafe no estaría como está. Bien es sabido que el jefe de los mismos vino a Getafe de la mano de Neira cuando éste era delegado.

De la discrecionalidad legítima a la arbitrariedad prohibida y el tráfico de información, hay un pequeño espacio siempre abierto a la discusión y el debate.

Artículo publicado en la revista Observador
Getafe (Madrid), noviembre de 2003

Demasiada promiscuidad

Las «buenas» (o magníficas) relaciones entre concejales socialistas del Ayuntamiento de Getafe y constructores adjudicatarios de obras municipales no se limitan al caso de José Antonio Serrano sentenciado por el Tribunal Supremo sentenciado como un caso de corrupción política. Desde aquellos lejanos días son innumerables las «relaciones comerciales» entre ediles y constructoras adjudicatarias; algunas ya desaparecidas por su mala gestión y –según la rumorología local- por la «voracidad municipal», como Construcciones Técnicas Herba SA, hasta casos más recientes como Construcciones y Promociones García, SL. En medio del camino, desahuciadas por los juzgados o las deudas, han quedado, además de Herba, algunas más. Y es que parece que lo que tocan los socialistas, primero se convierte en negocio redondo para acabar en la «quiebra». Será mal fario o brujería.

Ya en aquélla misma época el concejal delegado de Urbanismo, Jesús Neira Salazar, y otros como José Luis Rivas Cabezuelo, adquirían chalets, locales y plazas de garaje a estos constructores adjudicatarios de numerosas obras municipales; ¿Quién no se acuerda de Herba? Muchas calles de Getafe son, todavía, y han sido testigos mudos de las chapuzas de Herba: Calle Madrid, Av. de las Ciudades .... Hasta el mismísimo alcalde ha sido «víctima» de esa promiscuidad entre políticos y constructores; en julio del año 2000 adquirió una vivienda de 189 metros cuadrados construidos, al cincuenta por ciento con su esposa, domicilio actual y habitual del primer edil a pesar de los rumores, en el edificio de la calle Manzana (en el centro neurálgico de la localidad) promovido por Construcciones Herba, SA. Ahí mismo, también, tiene un local de 100 metros y una plaza de garaje su compañero «de fatigas» Jesús Neira.

Otro caso de las «amigables» relaciones entre constructores y concejales socialistas lo ha protagonizado en la última legislatura el responsable de Urbanismo, sucesor de Neira en el sillón de las recalificaciones, Francisco José Hita Gamarra. Este edil adquirió a Construcciones y Promociones García, SL dos viviendas en el centro de Getafe. El primero, un piso en la planta segunda de un edificio situado en plena calle Toledo con entrada por la calle Hormigo, con una plaza de garage y 126 m² construidos. Fue adquirida cuando el ex concejal permanecía casado. Tras su separación el año pasado, pasó en escritura pública a su ex mujer. Esta vivienda está totalmente pagada.

La segunda vivienda adquirida por el ex delegado de Urbanismo a García es un atico de 271 m² (doscientos setenta y un metros cuadrados construidos) en pleno centro de Getafe (C/. San Vicente). Esta vivienda está gravada con una hipoteca de 20 millones de pesetas. Un auténtico chollo.

Las relaciones de José Luis García con los ex concejales socialistas viene de lejos, de cuando Neira ejercía de Delegado. Ya en el año 1993 aparecía una noticia en el diario ABC (véase la imagen) en la que el PP de Getafe denunciaba que «Una constructora comenzó una obra un mes antes de adjudicarse», en la que se acusaba a Construcciones y Promociones García de iniciar las obras de reparación del Colegio Público Miguel de Unamuno para acondicionar la sede de la Policía Local (ubicación donde está hoy) el día 10 de febrero de 1993 y , verificado mediante acta notarial, las obras no se adjudicaron hasta el 4 de marzo. El concejal de Urbanismo era Jesús Neira Salazar, que tras negar los hechos afirmó –refiriéndose a los concejales del PP- «no saben cómo salir en los papeles».

Tres años después, recién dejada la concejalía de Urbanismo y siendo diputado regional y miembro de la mesa de Urbanismo, se constituyó la empresa Luna de Madrid SL en la que figuran el constructor y otro ex concejal (José Luis Rivas Cabezuelo). Tres años después, nada más dejar el cargo de diputado, «aparece» como administrador «superpoderoso» de esa sociedad (vale la firma de dos administradores, siempre y cuando uno de ellos sea Jesús Neira); he ahí al cabo del tiempo: ex concejales y constructores socios.

Construcciones y Promociones García SL es una sociedad familiar, auditada y uno de los principales adjudicatarios de obras municipales. Su administrador también ha sido adjudicatario a través de la citada o de otras sociedades de suelo municipal para viviendas, hoteles y residencias de la tercera edad. Un auténtico imperio bajo el socialismo ¿familiar? Jesús Neira y este constructor figuran pública y conjuntamente como administradores en cinco empresas. Demasiada promiscuidad. Demasiada duda.

Artículo publicado en la revista Observador
Getafe (Madrid), noviembre de 2003

Hombre rico, hombre pobre

El urbanismo de Getafe en los últimos 24 años, hasta la publicación por parte de la revista Época del reportaje «El Clan de los mil millones», ha dejado numerosas dudas, conflictos, ambigüedades y decisiones de dudoso interés general. Ya no es un comentario de bar; algunos de los ex concejales socialistas que diseñaron el Planeamiento se han enriquecido a costa del mismo. Sin embargo, estos años se ha fraguado una historia, casi un telefilme de los 80, que tiene que ver más con las miserias de la vida que con la vida pública. Un mismo orígen que se ha transformado, como daga del destino, en situaciones dispares. Uno rico y el otro pobre.

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Dice la canción que «veinte años no es nada»; y doce, menos todavía. En 1991 tomaban posesión de su cargo Pedro Castro, como alcalde, y Jesús Neira, Antonio Alonso, Francisco Hita, José Antonio Serrano y José Luis Rivas, entre otros, como concejales. El reparto de funciones unió a Se­rra­no y a Neira; éste último, concejal delegado de Urbanismo, será durante cuatro años el jefe de Serrano que se ocupa de Obras y Mantenimiento, una «delegación menor» pero que le viene como anillo al dedo. Tiene ideas que ya rondan en la mayoría de los concejales: vivir del urbanismo y de la construcción. Unos lo han conseguido; Serrano, más conocido en el municipio por «el metralleta», afronta su peor pesadilla.

Hoy, tres legislaturas después, la mayoría de aquellos concejales se enfrentan a la vida desde la «iniciativa particular». Ya no son concejales, pero la mayoría comen (y bien) de lo que aprobaron en la época en la que sus decisiones marcaban el límite de lo urbanizable y las zonas verdes o los equipamientos.

A pesar de la grandilocuencia de las palabras de Antonio Alonso, que «puso las manos en el fuego» por José Antonio Serrano (evidentemente, se las ha quemado), lo cierto es que la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó en el mes de abril de este año la condena de cuatro años de prisión menor y ocho de inhabilitación especial para empleo de cargo público por cohecho, quince meses de prisión por maquinación para alterar el precio de las cosas y una multa de 222.374 euros que impuso la Audiencia Provincial de Madrid al ex concejal.

Según la sentencia del Tribunal Supremo, que pasó inadvertida en mayo por la anterior campaña electoral y a la que tuvo acceso este medio, los magistrados ratificaron así los delitos que imputó la Audiencia Provincial a Serrano: cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas.

10 POR CIENTO

Según la Audiencia Provincial, José Antonio Serrano percibió comisiones en metálico del contratista Enrique Álvarez Arana a cambio de adjudicaciones de obras a través de la con­ce­jalía que comandó Serrano entre 1988 y 1994.

Las comisiones que percibía José Antonio Serrano ascendían a un 10 por ciento de cada obra adjudicada a cualquiera de las empresas de Arana, entre ellas Praper, SA y superaron, según la sentencia de la Audiencia Provincial, los 60.000 euros.

La Audiencia Provincial aseguró además en su sentencia que esto fue posible porque «el sistema de contratación de obras permitía influir al Sr. Serrano (...) en la selección de las empresas (...) sin ningún tipo de control»....(¿?) Parece que Alon­so se quemó las manos, pero, ¿y Neira? Ni siquiera las puso frente a la lumbre. Hacía mucho calor.

CASO ÁLVAREZ ARANA

El caso «Álvarez Arana», como se conoce popularmente este asunto, resuelve judicialmente uno de los muchos escándalos políticos del municipio. A diferencia de otros, éste ha llegado, prácticamente, hasta el final. Saltó a la luz pública en 1994, lo que provocó la dimisión del ex edil después de que el empresario Arana revelase que había pactado con él –a propuesta del ex concejal- la adjudicación de obras a cambio de comisiones.

Una querella del hermano de Álvarez Arana en 1994 llevó a éste a los tribunales, donde confesó haber pactado con José Antonio Serrano el pago de comisiones a cambio de obras.
En el sumario, y como punto de unión para certificar la relación que ambos mantenían, se asegura que José Antonio Serrano y Enrique Álvarez Arana planificaron la creación de una empresa. Se declaran como hechos probados que «buscando asegurarse el Sr. Serrano un más estrecho control de la contratación y unos mayores beneficios, acordó con el Sr. Arana constituir una empresa en la que serían accionistas las respectivas esposas, que pudiese concurrir a los concursos de adjudicación de obras del Ayuntamiento de Getafe». Con esta finalidad constituyeron la empresa Aucarán, SL en el mes de noviembre de 1990. En pacto privado al margen de la escritura de constitución las socias de Aucarán vendieron 11 días después de la constitución de la sociedad el 25 por ciento de las participaciones sociales a Isabel Martín Bena, esposa del Sr. Serrano. El citado pacto se realizó «sin contraprestación alguna», indicó la sentencia. Desde entonces diferentes instancias judiciales han venido emitiendo sentencias condenatorias contra José Antonio Serrano.

En la actualidad, José Antonio Serrano, al que le ha sido denegado el indulto, está pendiente de un “último recurso” ante el Tribunal Constitucional en un intento por retrasar el ingreso en prisión.

José Antonio Serrano fracasó, pero abrió el camino a los socialistas que empezaban a creer en el «capital». Constituyeron empresas que ocultaban los socios, que disimulaban el objeto social y que no iban a competir en igualdad con el resto de empresas del municipio; en su momento se aprovecharían de lo que ellos mismos habían aprobado en el Plan General de 1995. ¡Así cualquiera!

Así, mientras sus compañeros de partido en el Ayuntamiento (Neira, Alonso y Rivas) se enriquecen, él está a punto de ir al «trullo» y por sólo sesenta mil cochinos euros y algunos «favorci­llos» en el chalet que tenía el edil en la localidad de Ugena.

Jesús Neira participa, como administrador, en quince sociedades; simplemente el capital social es enorme; el valor de las propiedades es casi inconmensurable; las cuentas inscritas de las sociedades, «de hipo», imagínense.

Está directamente implicado en los desarrollos urbanísticos de la Huerta del Jardinero, El Bercial, El Rosón Perales del Río, El Ventorro, Costa de Vigo, Plaza Porticada (Hospita­lillo); directamente y con contratos privados. Su socio, Antonio Alonso, también es rico a costa del ladrillo. Quién le diría que acabaría comiendo de El Rosón, en el que tanto sufrió. Entre ambos controlan el Getafe CF. Cualquier día llegará a presidente. Como Florentino; o Gil.
Se trata del primer capítulo de «hombre rico, hombre pobre».

Artículo publicado en la revista OBSERVADOR
Getafe (Madrid), noviembre de 2003